PP y PSOE enmendarán la referencia al derecho foral y las competencias de Justicia en el Estatut

El PP y el PSOE estudian la manera de enmendar la cláusula Camps, la recuperación del derecho foral valenciano y las competencias de Justicia en el texto de reforma del Estatut que se tramita en el Congreso de los Diputados. El objetivo de las direcciones estatales de los dos grandes partidos es evitar que la recuperación del derecho foral suponga una fuente de legitimidad para nuevas reivindicaciones, que cualquier competencia obtenida por otra autonomía no de pie a una revisión estatutaria y que se respeten las competencias estatales en materia de Justicia.

Los dos partidos estudian suavizar aún más la llamada 'cláusula Camps'

La delegación del PP -compuesta por la secretaria nacional de Política Autonómica, Soraya Sáenz de Santamaría; el portavoz en la Comisión Constitucional, Federico Trillo, y el portavoz popular en las Cortes Valencianas, Serafín Castellano- y la del PSOE -integrada por el secretario de Política Autonómica, Alfonso Perales, los portavoces de la Comisión Constitucional Ramón Jáuregui y Ciprià Ciscar, y el secretario general del PSPV, Joan Ignasi Pla- revisaron ayer el texto de reforma del Estatut que se tramita en el Congreso de los Diputados y consensuaron las enmiendas que defenderán y aprobarán conjuntamente.

Ambos partidos pactaron presentar menos de una decena de enmiendas -que el Grupo Popular y el Socialista presentarán por separado- referidas a la ordenación de competencias de la Generalitat y de mejora técnica y decidieron reunirse de nuevo el lunes para pactar las modificaciones sobre las cuestiones más polémicas.

Así, sólo un día antes de que se cierre el plazo de presentación de enmiendas, el PP y el PSOE tendrán que decidir cómo se redactan las enmiendas referidas a la legitimidad de la recuperación del derecho foral; el mecanismo de puesta en funcionamiento de la cláusula Camps y la competencia de la Generalitat para establecer las demarcaciones judiciales y establecer la composición del Consell de Justicia.

Para el PP y el PSOE, la recuperación del derecho foral, derogado por el Decreto de Nueva Planta del 29 de junio de 1707, debe quedar legitimado por la Constitución vigente y sólo para la compilación del derecho civil mantenido por la costumbre en la Comunidad Valenciana. Las direcciones del PP y el PSOE quieren evitar que la redacción del articulado -básicamente la disposición adicional tercera- del Estatut que permite recuperar el derecho civil valenciano sirva de base para reclamar nuevas competencias.

En materia de Justicia, el Gobierno pretende que la reforma estatutaria no conceda a la Generalitat la competencia exclusiva para la creación de juzgados y secciones judiciales. Populares y socialistas también están de acuerdo en que la estructura y composición del Consell de Justicia no puede regularse por una ley de las Cortes Valencianas, sino por la ley orgánica del Poder Judicial y creen que es necesario matizar que el Tribunal Superior de Justicia pueda fijar doctrina en derecho estatal. El otro punto que queda pendiente de resolver el próximo lunes entre el PP y el PSOE es el alcance de la cláusula Camps. En la reunión de ayer, entre el PP y el PSOE se abordó la conveniencia de rebajar aún más la efectividad de la disposición adicional segunda de la reforma presentada y sustituir el verbo "obligará" por el de "promoverá" en el punto tres de este apartado que dice: "A este efecto, cualquier ampliación de las competencias de las comunidades autónomas que no estén asumidas en el presente Estatut o no le hayan sido atribuidas, transferidas o delegadas a la Comunidad Valenciana con anterioridad, obligará, si es el caso, a las instituciones de autogobierno legitimadas a promover las correspondientes iniciativas para la mencionada actualización".

Además de estas cuestiones pendientes de concretar el próximo lunes, la reunión de ayer sirvió para consensuar las enmiendas que se presentarán y aprobarán de común acuerdo. En este paquete de iniciativas se acotarán las competencias de la Generalitat sobre la zona marítimo-terrestre, costas y playas y las fundaciones de carácter benéfico y social para que no entre en colisión con las competencias del Estado.

Populares y socialistas también presentarán una enmienda para evitar que la asunción de cualquier competencia adicional tras la aprobación de la reforma requiera la celebración de un referéndum en la Comunidad Valenciana.

Respecto al derecho al agua recogido en el Estatut, los dos partidos también estuvieron de acuerdo en presentar una enmienda para otorgar este derecho a los ciudadanos (valencianos y valencianas) y no al territorio (Comunidad Valenciana), así como para dejar claro que las competencias sobre los trasvases de agua entre cuencas es del Estado y no de la Generalitat. También se cambiará la competencia de la Policía Autonómica en materia de "orden público" por la "seguridad pública".