Anticorrupción decide intervenir en la investigación de Camas

La Fiscalía Anticorrupción ha decidido intervenir en la investigación del supuesto intento de soborno a la edil no adscrita de Camas, Carmen Lobo. Según informó ayer el Ministerio Público, el Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, ha considerado que el caso es competencia de Anticorrupción, aunque no desplazará a personal propio a Sevilla sino que nombrará a un delegado entre la plantilla de la capital. Conde Pumpido ha dejado en manos de la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, la designación de la persona que llevará el tema y ésta ha confirmado a Arcadio Martínez, el fiscal que ha seguido el caso desde el principio.

La Fiscalía Anticorrupción sólo interviene directamente en determinados procesos penales de especial trascendencia, entre los que se encuentra los delitos de cohecho atribuidos a quienes ostenten altos cargos en el Gobierno central o en la administración autonómica, provincial o local.

En el caso de Camas hay cinco imputados por cohecho: el alcalde, Agustín Pavón (IU), los concejales Antonio Enrique Fraile (ex del PP) y José del Castillo (ex adscrito al PA), el ex edil popular en Castilleja de Guzmán Aureliano Lucas y el empresario Eusebio Gaviño.

Según un comunicado remitido por la Fiscalía de Sevilla, Anticorrupción ha valorado especialmente para decidir su intervención en el intento de soborno en Camas la posibilidad de que existan hechos similares y la "grave alarma social" causada por el desprestigio institucional de las corporaciones que se han visto afectadas, "con lo que ello comporta para el desprestigio de las instituciones democráticas del Estado". Cuando se conoció el caso, la Fiscalía de Sevilla ya envió a Anticorrupción un informe detallado a Anticorrupción con los antecedentes del intento de soborno.

Por otra parte, el juez que instruye el caso, Luis del Oro, ha aceptado la personación del PSOE de Andalucía como acusación particular en el caso. Con esta decisión, los socialistas podrán ejercer la "acción penal pública", recogida en la Constitución y en la Ley de Enjuiciamiento Penal, una vez que abonen una fianza de 72.000 euros impuesta por el juez. Los socialistas abonarán esta fianza de manera que un abogado que representará sus intereses podrá acceder a todas las actuaciones realizadas y acudir a la declaración del empresario Gaviño, que se prevé para dentro de ocho o diez días.