Proyecto genérico

Quince años después de aprobarse la Ley del Medicamento, el Gobierno ha presentado un nuevo proyecto de ley que la industria ha calificado de intervencionista y "muy lesivo" para sus intereses. El anteproyecto llega tras numerosos intentos, parcialmente fracasados, de mejorar el proceso de prescripción y contener el gasto farmacéutico por parte de los sucesivos Ejecutivos; y, como en esos intentos, la industria ha reaccionado con el mismo rechazo y el mismo catastrofismo.

Las medidas para evitar presiones sobre los prescriptores, incentivar la transparencia en las pruebas clínicas, mejorar la comprensión de los prospectos y garantizar un sistema independiente de información a los médicos sobre los fármacos, son necesarias para romper unas inercias que impiden el uso racional de los medicamentos. Pero la parte que mayor rechazo ha suscitado es la que intenta promover, de una vez por todas, el uso de genéricos en el caso de los fármacos de más de 10 años cuya patente ya ha vencido. Que, cinco años después de aprobarse el decreto de genéricos, estos productos apenas supongan el 6% de la factura farmacéutica pública indica que las políticas aplicadas hasta ahora han contado con más voluntad que acierto, porque a cada nueva medida le ha seguido una nueva argucia para eludirla.

Antes del decreto, por ejemplo, la industria incentivaba a los médicos para que recetaran sus productos, pero cuando dejó de servir porque el farmacéutico podía cambiar el producto por otro más barato, pasó a incentivar al farmacéutico con descuentos especiales. Estas prácticas quedarán proscritas con la nueva ley.

El anteproyecto contempla también multas de hasta 90.000 euros a las farmacias que vendan sin receta medicamentos que la precisan. Los farmacéuticos han puesto el grito en el cielo, pero la prohibición ya figuraba en la ley de 1990. Si los farmacéuticos en su conjunto hubieran sido más diligentes en cumplir la norma, hoy no sería una práctica generalizada la venta de antibióticos sin receta y ahora tendrían más credibilidad a la hora de reclamar la confianza del legislador.