Doble llave del Estatuto

El debate sobre la toma en consideración de la propuesta de reforma del Estatuto catalán que hoy tendrá lugar en el Congreso es de gran trascendencia, no sólo para los catalanes, sino para todos los españoles. Porque esa reforma marcará en gran medida los contenidos (y los límites) de la reforma del conjunto del Estado autonómico que está en ciernes; y porque de la forma como se aborde el debate de hoy dependerá que esa nueva configuración autonómica cuente o no con el aval y la garantía de los dos mayores partidos.

El Estatuto es un pacto cuyo contenido no puede ser alterado por decisión unilateral de cualquiera de las dos partes. Para que su reforma prospere se necesita una doble mayoría: en el Parlamento catalán y en el español. Tales mayorías no tienen por qué tener los mismos ingredientes, pero ambas deben converger en torno a un acuerdo que no sea frontalmente rechazable ni por el Parlamento de Cataluña ni por el español. Para alcanzar ese acuerdo es preciso dar paso a la negociación, lo que sólo ocurrirá si se acepta tomar en consideración el texto llegado desde Cataluña, con independencia de que algunos de sus contenidos puedan ser inconstitucionales. Precisamente para poder subsanarlos, y para poder hacerlo de manera pactada, sin ruptura.

El PP argumenta que no debe admitirse a trámite porque se trata de una reforma encubierta de la Constitución. Es un argumento confuso. Podrá decirse que un determinado proyecto requeriría de reformas constitucionales para prosperar, pero eso es diferente que afirmar que es una reforma constitucional.

Si es parcialmente inconstitucional, podrá (y deberá) modificarse. El PP tiene derecho a defender hoy su posición, pero es poco realista su propuesta de condicionar el acuerdo a la retirada del proyecto para empezar desde cero. Rajoy tendrá hoy ocasión de desmarcarse de la demagogia simplona de los que le incitan a la ruptura. Es incoherente hacer sonar la alarma sobre los riesgos del momento y abstenerse a la hora de hacerles frente. Y es bastante oportunista la reiterada amenaza de presentar un recurso contra la resolución de la Mesa del Congreso de tramitar la reforma catalana; amenaza no sustanciada porque hay pocas dudas del resultado negativo de la misma, a la vista de lo ocurrido con el plan Ibarretxe.

Pero también Zapatero debe asumir la responsabilidad de crear al menos las condiciones para un amplio consenso. Una línea tendente simplemente a aislar al PP puede favorecer el acuerdo con los nacionalistas, pero al precio de que el nuevo Estatuto nazca con un apoyo muy inferior al que tuvo el de Sau en 1979. La doble llave que abre la reforma obliga a negociaciones complicadas, pero a la larga es la mejor garantía del autogobierno: su mejor blindaje frente a tentaciones involucionistas o aventureras.