"ETA no ha decidido aún dejar la violencia"

El consejero vasco de Interior, Javier Balza recibe a EL PAÍS en su despacho en la sede del Gobierno autónomo en Vitoria.

Pregunta. Es su tercera legislatura al frente de Interior. Dicen que el lehendakari Ibarretxe sólo tardó 30 minutos en convencerle, pese a sus reticencias a repetir.

Respuesta. No. Estaba previamente decidido que mi respuesta iba a ser sí. No hubo fase de convencimiento. Le trasladé los retos de la legislatura y los cambios que iba a acometer.

P. Cambios que llegan a la dirección antiterrorista de la Ertzaintza, en la que ha cesado un peso pesado del sector crítico del PNV como Natxo Ormaetxe.

R. Es una apuesta por la coordinación de las direcciones políticas. El cambio no tiene que tener una especial lectura de trascendencia política. Las que se han hecho, de sectores del partido enfrentados, es ajena a la realidad.

"La política penitenciaria no debe ser un resultado del proceso entre ETA y el Gobierno, sino su inicio"

"No hemos superado el riesgo de que ETA se vuelva a equivocar, y está acostumbrada a equivocarse"

"En este momento no podemos pensar que el PP pueda participar. Sigue anclado en políticas del pasado"

"Hay proceso de normalización y paz si cesa la violencia, y si no, no. Ya no hay gestos ni pasos intermedios"

P. ¿Lo hubiese podido hacer en la etapa de Xabier Arzalluz?

R. Sin duda. En Interior hemos tenido una libertad absoluta en la elección de los cargos, lo que hemos correspondido al partido comentando antes las decisiones. No fue necesario pedir permiso al presidente del PNV, ni para su nombramiento, ni para su cese.

P. La llegada de Zapatero al Gobierno ha abierto una nueva etapa en la que conviven instrumentos del pasado -la ley de Partidos, que ustedes critican, o el plan Ibarretxe, del que no se apea el PNV en su último documento- con la resolución del Congreso que abre un final dialogado a la violencia si ETA desaparece.

R. Hay muestras claras de querer volver a la normalidad institucional. El ministro del Interior ha dicho que no le cabe duda de la voluntad de la Ertzaintza en la lucha contra ETA. Esto es largo de reconstruir, porque la semilla de visceralidad sembrada por Aznar en el resto de España tiene un calado. Y el Gobierno de Zapatero está atado aún a eso para tomar decisiones más valientes y enterrar la etapa negra de Aznar. Pero la ley de Partidos era una muestra de ese seguimiento del PP. En grandes sectores del PSOE se asumía como positivo. Al final, las sucesivas ilegalizaciones han puesto en solfa las reglas básicas de la democracia de partidos. El Pacto Antiterrorista, que ha sido nefasto en la lucha contra ETA, ya no está en vigor, desde que el Congreso aprobó la resolución sobre un final dialogado. Zapatero no tiene un problema, sino una oportunidad con el proceso de paz y cuenta con esa resolución y con nuestra lealtad.

P. Se ha olvidado del plan Ibarretxe, una rémora del pasado.

R. Es que en la nueva etapa deben convivir los proyectos políticos e ideológicos de cada uno. El PSOE no debe renunciar a su proyecto de renovación del Estado autonómico, ni el PNV a defender el principio de capacidad de decisión de la sociedad vasca.

P. ¿La pacificación compete sólo al Gobierno y a ETA?

R. En la entrega de armas y la situación de los presos de ETA, el Gobierno vasco y los partidos tenemos poco que aportar, pero hay una conexión directa entre el cese de la violencia y el de normalización política. Hay vasos comunicantes: con violencia no puede haber fase de normalización política.

P. ¿Cómo está el proceso entre el Gobierno y ETA?

R. En fase de exploración entre ambas partes. Se ha pasado una fase inicial y ahora se deben asentar los planes en los que tiene que discurrir el proceso propiamente dicho.

Ahí es necesario una política más flexible y consensuada en materia penitenciaria. La política penitenciaria no debe ser un resultado del proceso, sino el inicio del mismo. La política penitenciaria está definida como un instrumento más de la lucha antiterrorista y se basa más en un elemento de venganza que de justicia. Es el momento de hacer movimientos.

P. Pero ETA siempre ha visto esos movimientos como síntomas de debilidad de su enemigo.

R. Sí, pero cuando estaba fuerte. ETA sabe que su historia ha pasado y que tiene enfrente no a la Guardia Civil, sino a la sociedad vasca, española y europea y a todas sus instituciones. Es, en realidad, un síntoma de fortaleza del Estado, que puede prescindir de esos instrumentos vengativos para abordar el final de ETA.

P. ¿ETA ha tomado ya la decisión de dejar la violencia?

R. ETA no ha llegado aún a esa decisión. Yo creo que es casi plena en la izquierda abertzale y es asumida en una parte de ETA, porque si no, no hubiesen dicho en un comunicado que asumen la propuesta de Anoeta de Batasuna. Ha habido un debate en ETA y una parte importante con peso apuesta por ello, pero no es una posición adoptada ya. No hemos superado aún el riesgo de que ETA se vuelva a equivocar. ETA no ha delegado en su brazo político, como pasó en Irlanda.

P. Sigue poniendo bombas y extorsionando, aunque lleve más de 28 meses sin matar.

R. Pero si porque ponen cuatro bombas en juzgados paralizamos la política penitenciaria o los intentos previos de constituir una mesa de partidos, hipotecaremos nuestras decisiones políticas a lo que vaya decidiendo ETA.

P. ¿Apuesta por la política de gestos entre ETA y el Gobierno?

R. Las dos partes deben avanzar juntas en el proceso, a la vez, pero el paso fundamental lo tiene que dar ETA: el cese de la violencia. Hay proceso si cesa la violencia y si no, no lo hay. Ya no hay gestos ni pasos intermedios.

P. ¿Cree que la banda sabe que es su última oportunidad?

R. Si ETA vuelve a la violencia anterior, da igual quién esté en el Gobierno central. Si no hay cese de la violencia, la política contra ETA será la misma y Europa en su conjunto afrontará y perseguirá el último movimiento terrorista que queda en la UE. El problema es que ETA está acostumbrada a equivocarse a lo largo de su historia. Si no aprovecha esta ocasión, podrá cometer atentados, causar daño, pero está abocada a la grapización total.

P. El proceso irlandés también tuvo su Omagh, un atentado bestial en pleno diálogo.

R. La situación es distinta en Irlanda y Euskadi. Allí había un enfrentamiento total entre dos comunidades. Aquí existe no una mayoría, sino una sociedad que vive conforme a cánones occidentales y un tumorcillo terrorista que sigue ahí pese a los tratamientos de quimioterapia aplicados. En Irlanda, el pacto tenía sentido; aquí la normalización la deben liderar los partidos.

P. ¿ETA puede aguantar otras cien detenciones o la caída del aparato logístico y militar?

R. No. Sería otra ETA.

P. ¿Y ve posible una escisión?

R. No lo barajamos. Puede haber diferentes visiones, pero no se va a dar la escisión.

P. ¿Existen riesgos como para mantener las escoltas a los cargos del PP y del PSE?

R. Ahora hay riesgo. Es posible que no vaya a haber un atentado personal de ETA contra ediles del PP o del PSE, pero no están libres de la kale borroka, ni de que ETA, si vuelve a una situación de rutina, recoja datos contra ellos, etcétera. No hay ningún elemento objetivo que nos haga cambiar el estándar actual de seguridad. Y si cambiamos, lo decidiremos conjuntamente con el Gobierno central.

P. Todo el mundo habla de la necesidad de blindar el proceso de normalización, de definir el método y el campo de actuación de la mesa de partidos.

R. El blindaje debe ser transversal, con complicidad entre partidos de distinto perfil. En este momento, no podemos pensar que el PP pueda participar. Sigue anclado en una política pasada y condenada al fracaso.

P. ¿La enseñanza del Estatut para Euskadi debe ser la búsqueda de un consenso más amplio?

R. No entiendo la reacción visceral al Estatuto de parte muy importante de la función política en España: militares, iglesia, algunos del PSOE, todo el PP, banqueros,... En el Estado conviven algunos pueblos que son nacionales con otros que no tienen sentimiento de identidad nacional. Cataluña es uno de ellos. Con un consenso político del 90%, el Estado debe entrar en una negociación con muy pocas posibilidades de retoque de las decisiones adoptadas en Cataluña.