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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Reforma universitaria

El Gobierno ha presentado el borrador articulado de la reforma de la polémica Ley Orgánica de Universidades (LOU) seis meses después de la fecha anunciada, dejando prácticamente los mismos aspectos sin cerrar que hace casi un año, cuando anunció las líneas generales de esta iniciativa. En diciembre de 2001, más de 350.000 personas, entre ellas más de 25 rectores, protestaron en la calle contra la LOU, pidiendo la eliminación de esta norma, que fue impulsada en la pasada legislatura por el PP y aprobada con el apoyo de CiU y Coalición Canaria.

Las principales modificaciones que introducirá, como la sustitución del sistema de acceso a la Universidad que establecía la LOU (una reválida más la posibilidad de realizar pruebas por facultades) por una sola prueba similar a la selectividad y el cambio de un examen nacional de habilitación para concurrir a una plaza de profesor funcionario por una acreditación por méritos, van en la línea de atender a la situación de todos los colectivos de una forma racional. Sin embargo, se echa en falta la concreción de algunos aspectos clave, como quién decidirá el sistema de elección del rector o la composición de los tribunales que otorgarán las plazas de profesores titulares y catedráticos.

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Este último aspecto es especialmente relevante para conocer el sistema alternativo que ofrecen los socialistas para, respetando la autonomía de las universidades, paliar los problemas endogámicos que a menudo se dan en la selección de profesores. Esa endogamia fue la principal justificación con la que el PP defendió la introducción de una habilitación nacional previa a los concursos de plazas que realizan las universidades, prueba que ahora elimina esta ley. Por tanto, no queda claro el modelo de Universidad por el que apuesta el Ejecutivo, y sobre todo si se inclina por dar más competencia a las universidades o a las comunidades.

La Universidad española necesita, sin duda, una mayor autonomía para tener capacidad de actualizarse al ritmo de los cambios sociales y avances científicos y tecnológicos que están sucediendo. La reforma propuesta ya apuntaba de forma acertada hace un año en esta dirección, así como en la flexibilidad, con el fin de dejar espacio a las comunidades autónomas para poder adaptarse a cada situación académica particular. Para ello es además preciso que esta modificación camine de la mano de otra aún más compleja, la reforma de las carreras y sus contenidos para tener configurado en 2010 un sistema lo más moderno y competitivo posible, adaptado al espacio europeo de educación superior, lo que debe implicar, entre otras cosas, la actualización de los métodos de enseñanza.

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