El PSOE reconoce errores en la reforma de la Ley del Suelo y plantea corregirlos

El secretario de Organización del PSOE andaluz, Luis Pizarro, admitió ayer que la reforma de la Ley del Suelo, aprobada el miércoles por el Parlamento, contiene errores y anunció que su partido "buscará respuestas positivas" para atender las peticiones planteadas por empresarios y ayuntamientos. Pizarro, que no concretó las fórmulas que se barajan ni los tiempos que se prevén para los cambios, pidió tranquilidad a la patronal inmobiliaria "porque con presión no se consigue absolutamente nada". La consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, aseguró que la ley "prioriza la construcción de domicilios a precio asequible".

Pizarro respondió así a las críticas del presidente de Fadeco Promotores (que aglutina a las principales empresas del sector inmobiliario) Francisco de Aspe, que el viernes pidió la dimisión de la consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, y un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma que, en la práctica, suprimiría las diferencias entre viviendas turísticas y residenciales. La norma recoge la calificación de viviendas de segunda residencia como de uso residencial, sean o no habituales, para evitar que una promotora pueda aprovechar las menores cargas de las viviendas turísticas para levantar residencias que, en realidad, son habituales. El miércoles, los socialistas trataron de suavizar los cambios que ellos mismos introdujeron pero el trámite parlamentario que eligieron, una enmienda in voce, requiere la unanimidad de la Cámara e IU se negó a apoyarla.

El PP, por su parte, se alineó con las demandas de los constructores y anunció que estudia presentar el recurso al constitucional que solicitaron los empresarios del sector. Su portavoz parlamentario, Antonio Sanz, aseguró que la ley "atenta contra la autonomía municipal de los ayuntamientos", lo que la convierte en inconstitucional, y "no va a favorecer el fin de la especulación ni la reducción del precio del suelo". El portavoz del PP añadió que la norma "impedirá el desarrollo turístico" de la comunidad andaluza.