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La Ley del Suelo facultará al alcalde para expropiar en el casco histórico

Gallardón logra que Aguirre permita a empresas privadas rehabilitar el centro

Vicente G. Olaya

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, ha conseguido que la presidenta regional, Esperanza Aguirre, le reserve dos artículos en el anteproyecto de la Ley del Suelo con el fin de facilitar la reforma del centro histórico de la ciudad. El anteproyecto establece que el Ayuntamiento, por primera vez, podrá expropiar cuando desee llevar a cabo una actuación urbanística en el centro y podrá contar además con la colaboración económica de sociedades mercantiles para llevar a cabo sus planes. "El Consistorio nos reclamó esta medida", admiten desde la Comunidad.

La futura ley establece en sus artículos 74 y 75 los mecanismos que podrá utilizar el regidor de la capital para la "recuperación, reforma, renovación y revitalización social, económica, urbanística y arquitectónica" de aquellas áreas (fundamentalmente el centro de Madrid) que "precisen la intervención integral".

Las principales herramientas que el anteproyecto de ley concede al alcalde son la participación de la iniciativa privada ("sociedades mercantiles de capital público o mixto", señala la ley) en las áreas de rehabilitación, así como la posibilidad de que sea el Ayuntamiento el que expropie los terrenos o edificios que considere oportunos.

La exposición de motivos del anteproyecto señala que "la existencia de ciudades en la Comunidad de Madrid que han agotado el suelo susceptible de ser urbanizado ha exigido la creación de áreas urbanas a rehabilitar en las que se aborden actuaciones de reforma que no se limiten a la mera actuación del patrimonio inmobiliario". Éste es el caso de la capital.

El texto indica, además, que estas actuaciones deben crear "las nuevas redes públicas de equipamientos, infraestructuras y servicios que la sociedad actual demanda". Es decir, la rehabilitación del casco histórico no se centrará únicamente en la reforma de los edificios, sino que deberá llevar aparejada la construcción de los servicios sociales y de infraestructuras (colegios, centros de salud, calles o parques) que el nuevo barrio necesite.

Los redactores del anteproyecto añaden: "La magnitud de estas actuaciones requiere la colaboración de la iniciativa privada", lo que hace la ley creando la figura del "urbanizador-rehabilitador empresario".

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"Muy difícil en solitario"

"La capacidad económica de los ayuntamientos es limitada", explicaron ayer desde la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. "Por eso, es muy difícil que un Ayuntamiento pueda acometer en solitario una labor de este tipo, por lo que la rehabilitación de los centros históricos es una asignatura siempre. Sólo la iniciativa privada puede ayudar a hacer frente a las enormes inversiones que se necesitan", añadieron.

Para llevar a cabo las labores de reforma y rehabilitación de los cascos urbanos, el anteproyecto de la Ley del Suelo detalla que la Comunidad y el Ayuntamiento en cuestión tendrán que delimitar con exactitud las "áreas a rehabilitar" en el plan general. A partir de ese momento, el proceso administrativo que se seguirá es el siguiente:

Primero, el Ayuntamiento creará un "órgano gestor público" o de "carácter privado" que vigilará la actuación. Si el Ayuntamiento se decide por la gestión pública a la hora de rehabilitar, ésta podrá realizarse mediante consorcios (administración más propietarios) o mediante sociedades mercantiles de "capital público o mixto". Posteriormente, según el proyecto legal, y siempre que se necesite, se declarará la "utilidad pública de la expropiación y la necesidad de ocupación".

Si la reforma la llevan a cabo gestores privados (artículo 75), ésta requerirá que los trabajos "abarquen, al menos, una manzana o varias manzanas completas, continuas o discontinuas, comprendidas en el área a rehabilitar". Si en este caso se producen expropiaciones, "el alojamiento provisional de los inquilinos corresponderá al beneficiario de la expropiación", es decir, a la sociedad mercantil si ésta gestiona el área rehabilitada.

El borrador establece que se abonará "el justiprecio de los bienes y derechos", que se determinará mediante aplicación de los criterios establecidos por la legislación estatal.

Actualmente, el Ayuntamiento de Madrid cuenta con un Plan de Rehabilitación del Centro que incluye la reforma de más de 40.000 viviendas. Sólo en la reforma de las casas en mal estado de los barrios de Tetuán, Lavapiés y Huertas (las tres áreas en las que actualmente trabaja el Consistorio ) es necesaria una inversión superior a los 126 millones de euros. En estos tres barrios está previsto que se rehabiliten unas 6.400 casas.

Chalés en suelo preservado

El anteproyecto de Ley del Suelo establece tres tipos de suelo en la región: urbano, rústico (especial, preservado y transformable) y urbanizable. El anteproyecto permite, por primera vez, que "previa calificación urbanística concedida por la Comisión de Urbanismo" se pueda construir en suelo rústico preservado. En concreto se podrán levantar viviendas unifamiliares aisladas "cuando la finca cuente con una superficie mínima de 30 hectáreas".

Según Santiago Martín Barajas, portavoz de Ecologistas en Acción, "esta medida choca frontalmente con la conservación del medio natural madrileño". "En Madrid hay unas 100.000 hectáreas de terrenos que están constituidos por fincas de más de 30 hectáreas. Estos suelos suelen ser los más valiosos ambientalmente. Permitir su urbanización es una auténtica barbaridad y una concesión a las grandes fortunas", dice.

Según Martín Barajas, los que posean, por ejemplo, una finca de 300 hectáreas "podrán levantar 10 mansiones". Pero Medio Ambiente lo niega. Asegura que sólo se podrá construir una edificación por finca. "Ya veremos", responde Martín Barajas. "Seguro que encontrará la manera de dividirlas en parcelas de 30".

El ecologista recuerda que en el anteproyecto de la Ley del Suelo de 2001, el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón ya intentó "colar" este artículo. "Pero finalmente se impuso la cordura y los tres grupos parlamentarios [PP, PSOE e IU] votaron en contra. Es verdad que en aquella ocasión intervino su Alteza Real don Felipe de Borbón. Recuerdo perfectamente que en una visita a Peñalara don Felipe se fijó en la riqueza ambiental el bosque de Los Belgas. Le dijimos que con la Ley del Suelo [de 2001] allí se podrían levantar chalés. Miró con severidad al presidente Gallardón y poco después la Asamblea retiró el artículo de marras".

Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente insistieron ayer en que las viviendas unifamiliares no se podrán construir nunca en las zonas de especial protección (los parques naturales o montes protegidos), pero admiten que en las de suelo rústico preservado (fuera de los parques) sí se podrá.

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Sobre la firma

Vicente G. Olaya
Redactor de EL PAÍS especializado en Arqueología, Patrimonio Cultural e Historia. Ha desarrollado su carrera profesional en Antena 3, RNE, Cadena SER, Onda Madrid y EL PAÍS. Es licenciado en Periodismo por la Universidad CEU-San Pablo.

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