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CERCO JUDICIAL A LA CASA BLANCA | Las acusaciones

El fiscal acusa al 'número dos' de Cheney de perjurio, falsedad y obstrucción a la justicia

Karl Rove, 'cerebro político' de Bush, se libra del procesamiento pero seguirá siendo investigado

Lewis Libby, jefe de gabinete del vicepresidente de EE UU, Dick Cheney, dimitió ayer de su cargo después de hacerse público su procesamiento. Es la primera vez desde la presidencia de Ulises Grant, hace 135 años, que un alto cargo de la Casa Blanca en activo es procesado. Libby será juzgado -a no ser que llegue a un acuerdo- por obstrucción a la justicia, falsedad y perjurio en el caso de la filtración de la identidad de Valerie Plame, agente de la CIA, pero no por la filtración en sí. Karl Rove, cerebro político de Bush, se libra del procesamiento, aunque seguirá bajo el foco de la investigación. La acusación es un fuerte golpe a una Casa Blanca que durante casi cinco años se había visto libre de escándalos y de procesos y que ahora entra en una situación más frágil e incierta.

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El juicio de Libby, si se celebra, podría abrir una apasionante ventana sobre los procedimientos usados para preparar la guerra, primero, y para combatir a sus críticos después. En caso de que se celebre, escuchar en ese juicio los testimonios del vicepresidente, de otros altos cargos y de los periodistas implicados ofrecerá uno de los momentos determinantes de la presidencia de Bush.

Libby, de 55 años y que podría ser condenado a un máximo de 30 años de cárcel y a pagar una multa de hasta 1,25 millones de dólares si es declarado culpable de todas las acusaciones, dimitió de su puesto. A través de un breve comunicado, afirmó: "Estoy convencido de que al final de este proceso seré completa y totalmente exonerado". Su jefe hasta ayer, Dick Cheney -que, según el auto, fue uno de los que le dijo a Libby quién era Plame- aceptó la dimisión "con profundo pesar" y recordó que todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre lo contrario.

¿Por qué el procesamiento? Porque, según Fitzgerald, "es importante, por la seguridad de EE UU, proteger la identidad de los agentes de la CIA". ¿Ha acabado la investigación? "No, no ha terminado", aunque "la parte fundamental del trabajo investigador sí ha concluido". ¿Por qué la acusación a Libby? "Porque la primera vez que fue interrogado dijo al FBI que había oído hablar de Wilson a través de cotilleos de prensa. Eso no es verdad" y "la obligación de no mentir sirve para todos, incluidos los que ocupan puestos de responsabilidad en el Gobierno".

El anuncio de ayer fue el resultado de 22 meses de investigación sobre el origen de la filtración que reveló la identidad de Valerie Plame, agente de la CIA, cuyo marido criticó las justificaciones del Gobierno para invadir Irak después de haber investigado -y descartado- que Sadam Husein hubiera comprado uranio en Níger. El fiscal no ha logrado pruebas suficientes para procesar a Libby por la violación de la Ley de Protección de Identidades Secretas, un delito federal que se castiga con la cárcel. Pero a partir de los testimonios de casi medio centenar de personas y de las investigaciones, han quedado en evidencia suficientes contradicciones como para que Fitzgerald fuera adelante con las acusaciones. En cuando a Rove, su abogado dijo que "seguirá cooperando con la investigación".

El presidente, cercado por el caso de la filtración, frustrado por el fracaso de la candidatura al Supremo de Harriet Miers y enfrentado a una opinión pública crítica con la guerra, hizo una declaración antes de salir hacia Camp David para pasar el fin de semana en la que reconoció la "gravedad" del caso. Bush se mostró "entristecido" por la dimisión y, como Cheney, recordó su presunción de inocencia.

Los demócratas señalaron que esto es sólo parte de la foto. John Kerry, derrotado en las elecciones de hace un año, dijo que el caso "muestra la corrupción de la Casa Blanca en sus niveles más altos, muy lejos del 'honor y la dignidad' que el presidente prometió que iba a traer a Washington". Pero también algunos republicanos celebraron el procesamiento: "Ya es hora de acabar con las filtraciones y las manipulaciones", en palabras del congresista Jim Ramstad.

El caso se remonta a la fase anterior a la guerra de Irak. Tras los atentados del 11-S, el vicepresidente Cheney recibió un informe de la CIA sobre Irak, y le llamó la atención la sugerencia de que Sadam había querido comprar uranio en Níger. El dato podía ser importante en la construcción del principal argumento para la guerra, la amenaza que suponían las armas de destrucción masiva. Cheney pidió aclaraciones a la CIA. Al frente de la Agencia estaba entonces George Tenet, el hombre que dijo que encontrar esos arsenales era "un mate seguro".

La CIA encargó una misión; la mujer del ex diplomático Joseph Wilson trabajaba en la agencia, y fue ella, según un comité del Senado, la que "sugirió el nombre". En todo caso, en febrero de 2002 Wilson no encontró ninguna prueba, y así lo escribió. Más tarde, en el discurso sobre el estado de la Unión, se sorprendió al escuchar que Bush hablaba de Níger y el uranio.

Sin rastro de las armas

En mayo, al acabar la guerra y sin rastro de los arsenales, dos columnistas publicaron que un ex diplomático, sin mencionar el nombre, ponía en cuestión la afirmación sobre Níger. A finales de mes, Libby pidió información. En los días siguientes reunió datos. El 12 de junio, Cheney le dijo que la mujer de Wilson estaba en la CIA.

El 6 de julio de 2003, el propio Wilson publicó en The New York Times el artículo Lo que no encontré en África, en el que acusaba a la Casa Blanca de "exagerar la amenaza iraquí" y se preguntaba: "¿Sobre qué otras cosas están mintiendo?" Ocho días después, el periodista Robert Novack escribió una columna titulada Misión a Níger en la que decía que el informe de Wilson fue contemplado por la CIA como "poco concluyente". Y decía: "Su mujer, Valerie Plame, es una agente en armas de destrucción masiva. Según dos altos cargos del Gobierno, la mujer de Wilson fue la que sugirió que fuera a Níger a investigar el informe italiano".

El fiscal Patrick Fitzgerald (en el centro), ayer en Washington junto a varios de sus colaboradores.
El fiscal Patrick Fitzgerald (en el centro), ayer en Washington junto a varios de sus colaboradores.AP

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