Los socialistas denuncian que las enmiendas del PP a la LUV crean un "efecto llamada" a nuevos PAI

Los socialistas valencianos denunciaron ayer que las enmiendas presentadas por el PP al proyecto de ley urbanística (LUV) del Consell no sólo no establecen límites al crecimiento urbanístico, sino que tampoco servirán para ordenar la oleada de PAI que han llegado a los ayuntamientos el último año. Según el responsable de Territorio del PSPV, Eugenio Burriel, una disposición transitoria añadida del proyecto de ley crea un "nuevo efecto llamada" porque hasta su entrada en vigor será posible la tramitación de nuevos PAI. El consejero Blasco envió una carta a la Comisión Europea con las correcciones al texto.

"Parece una película de terror. Nos espera otra Comunidad encima de nuestro suelo"

El Grupo Socialista califica la tramitación de la LUV de "fraude parlamentario"

El diputado Adolf Sanmartín, responsable en las Cortes Valencianas del área urbanística, y el secretario de Territorio del partido, Eugenio Burriel, aseguraron ayer que la tramitación del proyecto de ley urbanística es un "fraude parlamentario" ante la cantidad de enmiendas -más de un centenar- que ha presentado el Grupo Popular. "Hay un texto del Consell y otro del grupo parlamentario y el segundo cambia de arriba a abajo la redacción original. Lo lógico es que lo retirasen y presentaran un nuevo texto", argumentó Sanmartín, que destacó que hay enmiendas del PSPV que no sirven porque los populares han cambiado, cuando no suprimido, el artículo. Burriel agregó que el requerimiento de la Comisión Europea para corregir el proyecto de la LUV y hacerlo más transparente "no es excusa porque procede del mes de marzo".

Si las críticas socialistas a la forma de tramitación fueron abundantes, el fondo no salió mejor parado. Según Burriel, las enmiendas del PP a la ley del Consell no favorecen la construcción de vivienda protegida. Además, el diseño territorial está "más que antes" en los gabinetes privados y no hay criterios para los concursos de los PAI: "Se dice que ha de haber criterios, pero no se dice cuáles", subrayó el secretario socialista. Tampoco, prosiguió Burriel, se recuperan las plusvalías para los ayuntamientos, y los propietarios afectados por un PAI "tendrán menos información que antes".

"Todo esto sería secundario", admitió el dirigente socialista, "si el proyecto de LUV no consagrara un crecimiento urbanístico ilimitado". "¿Qué territorio tendremos en 2015 con esta LUV en vigor y el PP aplicándola?", planteó. "Pues que todos los PAI que se han presentado podrán seguir adelante, sólo dependerá de la voluntad, en este caso del consejero Rafael Blasco", conjeturó.

El responsable de Territorio y Vivienda socialista rechazó de plano la que parece ser la máxima de Blasco: "Todo es urbanizable salvo aquello en lo que se montaría la marimorena, es decir, salvo el suelo protegido", apuntó Burriel. Éste se detuvo sobre una disposición transitoria primera, presente en el texto original y enmendada por el PP, donde se deja claro que los procedimientos urbanísticos iniciados antes de la entrada en vigor de la LUV "se regirán por la legislación anterior" -por la LRAU-, siempre que cuenten con la aprobación del pleno, o que no habiendo pasado este trámite lleven 40 días registrados sin que haya habido respuesta del Ayuntamiento. También podrán acogerse a la legislación anterior los que hayan superado el trámite de información pública. Según Burriel, dado que todavía queda tiempo para la aprobación de la LUV, esta disposición generará un "nuevo efecto llamada", porque hay tiempo todavía para la presentación de nuevos PAI. "Parece una película de terror", dijo el secretario socialista, quien advirtió que de seguir así se creará "otra Comunidad Valenciana encima" del mismo suelo.

Sanmartín agregó que la LUV no es una casualidad y responde a una política planificada por el consejero Blasco de "acoso y derribo" a un modelo territorial sostenible. Concretamente, Sanmartín se refirió a los cambios hechos por el actual consejero de Territorio a comienzos de legislatura de las leyes de ordenación del territorio (de 1989) y la de suelo no urbanizable (de 1992) aprobadas por los socialistas. El parlamentario defendió que, curiosamente, de las nuevas leyes de Blasco ha desaparecido, entre otros aspectos, el que los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) establezcan límites a la recalificación de suelos cuando no haya garantía de suministro hídrico. También ha desaparecido la prohibición de actuaciones urbanísticas aisladas en suelos agrícolas de alta productividad, "es decir el caso del 89% de los PAI presentados", y se abre la posibilidad de que el consejero indulte edificios con exceso de volumetría tras sancionarlos. Según Sanmartín, estos cambios no son casualidad. "Es políticamente obsceno", añadió.

Los socialistas estudiarán todas las medidas posibles contra esta LUV -incluido el recurso contencioso si entra en vigor-, pero la única solución al caos urbanístico es otra política y otro gobierno para ponerla en práctica, dijo Burriel.

Si los socialistas diseccionaban las enmiendas presentadas por el PP, el consejero Rafael Blasco anunció ayer el envío de una carta a la Comisión Europea incorporando a la LUV nuevos artículos relativos a la selección y adjudicación de los PAI, el mayor control de los ayuntamientos de estas actuaciones, y las condiciones de contratación pública, cuyos contenidos sugirió el Ejecutivo comunitario. En esta carta, el departamento de Blasco dice que la LUV "obliga a que todos los programas que no hayan sido objeto de aprobación municipal antes de su entrada en vigor" deberán tramitarse por la nueva legislación y no por la LRAU.

La Comisión Europea ha abierto un expediente informativo a España por falta de transparencia en los procedimientos de concurso y contratación relativos a los PAI. El Parlamento Europeo ha recibido, además, miles de quejas de propietarios afectados por PAI por la aplicación de la LRAU.