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Suspendidos en Tenerife 24 trabajadores de dos centros de menores

Un cuidador estaba en busca y captura y otros tenían causas pendientes por robos o lesiones

Santa Cruz de Tenerife

La Dirección General del Menor del Gobierno de Canarias confirmó ayer la suspensión cautelar de empleo (no de sueldo) a 24 trabajadores de los centros de menores de Valle Tabares y Hierbabuena (en Tenerife), tras haber recibido un documento de la Fiscalía y el Juzgado de Menores que le informaba de la existencia de los antecedentes penales y policiales de esas personas y de su discutible idoneidad para el puesto laboral que desempeñaban en este recinto.

El informe confirma la situación explosiva advertida por el Diputado del Común en su último documento, que advertía un panorama lleno de denuncias constantes de malos tratos, palizas, violaciones, motines, intentos de quemar vivos a compañeros, incendios y al menos tres muertes, además de varias fugas de internos.

El presidente canario, Adán Martín Menis, adelantó ayer que "se estudiará caso por caso" hasta determinar quién se reincorporará y en qué puesto y a quién se le extinguirá el contrato. De los 24 trabajadores apartados de sus funciones, cinco pertenecen a la empresa Seguridad Integral Canaria, que ayer mismo anunció su separación del servicio. De los otros 19 restantes, empleados de la fundación Ideo, dos fueron despedidos y 17 han sido separados cautelarmente. Un cuidador estaba en busca y captura y los demás han tenido contenciosos con la Justicia, por maltrato físico a sus parejas, tráfico de drogas, robos con violencia o lesiones, además de estar implicados en reyertas y distintas causas policiales (hurtos, omisión del deber de socorro, resistencia a la autoridad, impago de multas) los últimos cinco años, informó a este periódico el director general del Menor, José Luis Arregui.

Esta dirección general cambió de titular en junio pasado, después de que el presidente canario rompiera un pacto con el PP, con quien los nacionalistas habían gobernado los últimos 10 años en las islas. El pasado 4 de octubre, el nuevo equipo del departamento -en el que se encontraba el anterior director de la prisión Tenerife II, Juan Carreiro- hizo una visita al centro de Valle Tabares (de 112 plazas), habitado por 71 jóvenes de 14 a 23 años (35 en régimen cerrado y 36 en semiabierto), distribuidos en distintos módulos, según su peligrosidad. Durante esa jornada, Carreiro identificó a uno de los monitores como un antiguo recluso que había cumplido condena por tráfico de estupefacientes. Cuando Carreiro informó a la Fiscalía, ésta contestó que ha solicitado en tres ocasiones en los últimos años un listado de los trabajadores del centro, por sospechar que en el perfil de la plantilla se encontraba la explicación de algunas de las irregularidades que se cometían en su interior.

Investigación

El pasado miércoles, el Gobierno canario recibió un informe completo con los 24 casos detectados en Valle Tabares. José Luis Arregui confirmó ayer que se dirigirá a la Fiscalía de Las Palmas para que investigue al personal de los centros de esta provincia a fin de detectar casos similares. Además de identificar a estos 24 miembros de la plantilla, la Fiscalía conmina al Gobierno a que actúe en consecuencia, a que informe de las medidas que se adoptarán, responda si se producirá o no un cambio en la política de contratación del personal y qué medidas se adoptarán en el futuro para garantizar la idoneidad de los trabajadores para la misión que desempeñan en el centro. Arregui entiende que una persona con antecedentes penales o policiales "no es el referente" para jóvenes "que se quieren reinsertar en la sociedad" y considera que "algo habrán tenido que ver estas personas con lo ocurrido en el interior de los centros hasta ahora".

El coordinador de la Fiscalía de Menores, Miguel Serrano, descartó que esta medida equivalga a una caza de brujas. "Se trata de un problema de idoneidad", contestó, "cuando se necesitan expertos en tratamientos de privación de libertad que eviten problemas con profesionalidad, en vez de aplicar la pura represión".

Segunda oportunidad

"Mi interés superior es el menor", aclara Arregui. "Llevo 24 años trabajando en la reinserción de adultos y justamente por ello sé de lo que estoy hablando". Añade Arregui: "Los menores tienen que ser conscientes de que se les priva de libertad por haber hecho algo incorrecto, algo que ha dañado a la sociedad: y de que este centro es una segunda, a veces última, oportunidad de encauzar su vida con respeto a los demás".

Frente a las críticas sobre supuesta desmotivación del personal, Arregui advierte que la fundación Ideo premia a sus trabajadores "con los mejores sueldos con diferencia de todo el país". El coordinador de la Fiscalía del Menor, Miguel Serrano, reconoció que "la política de personal es clave" para desarrollar un buen proyecto en este campo.

"¿Y en el resto del país?"

A la pregunta de "qué pasa en Canarias", el fiscal Miguel Serrano contraataca con otra: "¿Qué pasa en el resto del país?" En su opinión, con la entrada en vigor de la Ley del Menor en 2001 en el resto del país se produjo una especie de "amnistía encubierta, incluso con autores de delitos gravísimos", de tal manera que la mayoría de las comunidades aplicaron un "borrón y cuenta nueva" y comenzaron su política "casi desde cero". No ocurrió así en las islas, donde "ni un solo chico de 16 ó 17 años salió a la calle". Ese hecho, junto a una deficiente y errática política gubernamental en materia de menores y la descoordinación administrativa con los cabildos insulares, explican en parte la alarma que estos centros han levantado en las islas respecto al resto del país. El fiscal coordinador de Menores en la provincia de Santa Cruz de Tenerife añade que la alarma suscitada alrededor de los centros de menores sometidos a medidas judiciales no es un síntoma de un mayor deterioro de la infancia y juventud en las islas. Según manifiesta, el índice de delincuencia juvenil en las islas "no es ni más ni diferente que en el resto del país".

"Situación insostenible"

En junio pasado, el Diputado del Común (figura homóloga al Defensor del Pueblo en Canarias), Manuel Alcaide, denunció que los seis centros para menores con medidas judiciales padecían una "situación insostenible", requerían una "intervención urgente" y registraban "maltrato institucional".

Desde entonces, en Tenerife cerraron dos centros (Valle Tabares I y Nivaria,refundidos en el nuevo Valle Tabares II, y permanecen abiertos los de Hierbabuena y Mesa Ponte. En Gran Canaria sólo hay dos centros (Gáldar y La Montañeta), con una lista de espera para ingresar que supera los 50 jóvenes. No hay centros en las cinco islas periféricas. La plantilla de profesionales contratados es de 600; de ellos, 300 son educadores, 150 cuidadores y el resto personal técnico (profesores, sanitarios, cocina). Además hay unos 250 vigilantes de seguridad. Sólo en Valle Tabares, considerada una auténtica fortaleza, la Fundación Ideo tiene 260 contratados (100 educadores, 60 cuidadores, 30 monitores, y el resto personal técnico), además de casi 100 personas en labores de seguridad.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 28 de octubre de 2005

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