El alcalde de Pedrezuela, absuelto de prevaricación

La Audiencia Provincial de Madrid absolvió ayer al alcalde de Pedrezuela, José Antonio Chichón Sanz (PP), de los delitos contra la ordenación del territorio, de prevaricación y de negociaciones prohibidas de los que fue acusado en relación con el alquiler de la finca de unos familiares a una asociación.

El terreno, propiedad de la madre y un tío del alcalde, fue alquilado y luego cedido a la Asociación de Familiares de Adultos con Problemas de Personalidad (AFAP), que en un principio quería levantar en él una granja escuela, pero que más tarde presentó un proyecto complementario para construir allí 26 viviendas adosadas e independientes.

Según declaró en el juicio el presidente de AFAP, Francisco Esquive, la cesión de parte del terreno a la Comunidad de Madrid para la edificación de viviendas fue la única forma de solucionar la falta de licencias de construcción.

La fiscalía, por su parte, sostuvo que Chichón, "consciente de la imposibilidad de concesión de toda licencia y de su deber de abstención", autorizó el 25 de abril de 2004 la licencia de construcción, "edificando sobre monte preservado y en suelo urbanizable siendo financiadas con dinero público el 50%" de las obras. El fiscal añadía que el alcalde se valió de su condición pública "para obtener un beneficio".

Arquitectos

La sentencia considera, sin embargo, que no fue Chichón quien sugirió o impuso la elección de la parcela en cuestión para construir en ella, "sino que fueron los arquitectos, a la vista de los planos, los que escogieron aquella por ser la más idónea a los fines de llevar a cabo el proyecto total".

El tribunal dice también que "parece evidente que, primero con el alquiler, después con la cesión gratuita del derecho de superficie y finalmente con la cesión gratuita de la plena propiedad de la parcela. Sus propietarios no tienen otro interés, o al menos no se ha acreditado, que el de contribuir a los fines de integración social y laboral de personas con enfermedades mentales crónicas". Además, afirma no entender que "se dirija acusación contra el alcalde, pero no contra los responsables de AFAP (...), pues fue tal asociación la que, en definitiva, promovió y efectuó tal construcción no autorizada en suelo no urbanizable de especial protección".

La sala estima que "se ha sobredimensionado el parentesco del alcalde con los propietarios del terreno y se ha puesto el acento en hechos y datos aislados, sin ponderar, al menos no suficientemente, el conjunto de los mismos".

La resolución judicial recuerda, por último, que la Comunidad de Madrid, "última voz en estos temas" y "máxima autoridad urbanística", colaboraba en el proyecto de AFAP y no ordenó la suspensión o demolición de las obras, y que la reina Sofía inauguró la granja escuela el 10 de mayo de 2000.