El juez tarda siete años en concluir la instrucción del 'caso del amianto'

El juez del caso del amianto ha concluido la instrucción de esta causa, siete años después de que abriera diligencias en marzo de 1998 a raíz de una denuncia de un grupo de seis ex operarios contra los directivos de la extinta fábrica Fibrocementos de Levante por un supuesto delito contra la seguridad de los trabajadores. Los denunciantes responsabilizan a la dirección de la industria, radicada en Sant Vicent del Raspieg, de la muerte de ocho operarios y varias decenas más de afectados por asbestosis -afección pulmonar por inhalación de polvo de amianto-. Francisco Martínez, portavoz del colectivo de afectados, expresó ayer su satisfacción por la nueva fase en la que entra el proceso: "Aunque con mucho retraso, comenzamos a ver la luz al final del túnel", afirmó. Martínez sostiene que al menos un 10% de los 300 operarios de la empresa en sus más de 50 años de actividad han fallecido por la inhalación de polvo de amianto.

El fiscal, en su escrito de calificación provisional, solicita tres años de cárcel para cada uno de los cuatro procesados, José Pérez Domene y Carmelo Blay (ambos ex jefes de personal de la fábrica) y los médicos de la empresa, Alberto Clemente Regidor y Miguel Ángel Sarabia Romero. El fiscal imputa a los acusados 8 delitos de homicidio por imprudencia y 29 lesiones. En su relación final de afectados, el ministerio público incluye ocho víctimas mortales y 29 enfermos graves por asbestosis y pide una indemnización de 240.000 euros para cada uno de ellos. El fiscal basa el grueso de su acusación en que no se realizaron los preceptivos reconocimientos médicos o, bien, que "éstos se efectuaron de manera negligente y, además, se ocultó información a los operarios".

Los hechos denunciados por los ex trabajadores ocurrieron entre 1950 y 2003, período de actividad de la fábrica, perteneciente al Grupo Uralita. En 1998, un grupo de seis ex operarios, encabezado por Francisco Martínez, fundó la Asociación de Trabajadores Afectados por el Amianto, y en marzo de ese año presentó una querella en el Juzgado número 1 de Sant Vicent del Raspeig. Inicialmente, el juez archivó la denuncia, aunque volvió a retomarla a instancias del representante del ministerio público, Miguel Gutiérrez, ya retirado por alcanzar la edad de jubilación.

Aparte de la vía jurídica, en este caso ya sólo pendiente de fijar la fecha para la celebración de la vista oral en un Juzgado de lo Penal de Alicante, los afectados también han desarrollado una larga batalla en el ámbito administrativo para, primero, conseguir la categoría de enfermedad profesional para la asbestosis y, segundo, tener acceso a las correspondientes pensiones.