Una huelga de jueces paraliza los tribunales de Portugal

Las protestas de los funcionarios públicos portugueses contra los recortes de privilegios corporativos decididos por el Gobierno socialista de José Sócrates llegó ayer a su cenit con la huelga masiva, convocada por 12 sindicatos distintos, de jueces, fiscales, administrativos, personal auxiliar de la Policía Judicial, trabajadores de los registros y notarías y funcionarios del Ministerio de Justicia. Ante la indignación del Gobierno, un 95% de los magistrados y trabajadores judiciales secundaron el paro, según los sindicatos (un 85%, según el Gobierno), con lo que los tribunales quedaron casi paralizados.

En el origen de la huelga, que arrancó el lunes en algunos sectores como el de los auxiliares de juzgados (el martes se sumaron los fiscales y ayer los jueces), están los cambios impuestos por el Gobierno en su carrera por reducir el gasto de la Seguridad Social y controlar el déficit público (el objetivo para 2006 es gastar 2.000 millones de euros menos y bajar el déficit desde el actual 6,1% hasta el 4,8% del PIB).

Según las cifras que maneja el Ejecutivo, esos cambios afectan al 40% del total de 700.000 funcionarios públicos portugueses. Entre los colectivos que gozan de regímenes especiales están también los policías, los militares y los profesores. En esos casos, como en el de los funcionarios judiciales, el Gobierno modificó el sistema de ascensos automáticos, desmanteló los subsistemas corporativos de salud integrándolos en el régimen general, y reguló al alza la edad de las prejubilaciones. Los jueces protestan, además, por la reducción de las vacaciones judiciales de dos meses a uno.

La huelga de magistrados ha provocado opiniones encontradas. Mientras los jueces la justifican como la única respuesta posible a una actitud "autoritaria y prepotente" del Gobierno, "que pone en peligro la independencia del poder judicial", el constitucionalista Jorge Miranda calificó ayer el paro como ilegal: "Los jueces son titulares de órganos de soberanía que ejercen un poder del Estado. Si van a la huelga, se presentan como meros funcionarios y olvidan que ejercen ese poder". El primer ministro, José Sócrates, juzgó la huelga como "absurda e injusta".