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Los constructores tachan de inconstitucional la expropiación de pisos que prevé la Generalitat

El consejero Milà y el promotor Enric Reyna discrepan sonbe los efectos de la futura ley

Clara Blanchar

La Asociación de Promotores y Constructores rompió ayer el silencio que había mantenido desde la presentación, el lunes, del anteproyecto de ley de la vivienda. El presidente del gremio, Enric Reyna, tachó de "inconstitucional" la posibilidad prevista en el texto de expropiar viviendas en desuso. Y lo hizo con el responsable del borrador, el consejero de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat, Salvador Milà, sentado a su lado durante un desayuno celebrado en el marco del salón inmobiliario Barcelona Meeting Point.

Reyna criticó el carácter "intervencionista" del anteproyecto y subrayó que deberán "precisarse" conceptos de "alto alcance como qué significa piso vacío o sobreocupado para no crear inseguridades jurídicas". Dicho esto, se abalanzó sobre el punto más polémico del borrador: "Nos deja dudas y nos preocupa el carácter imperativo de la expropiación, que podría incluso ser inconstitucional. Una cosa es buscar soluciones para las viviendas que están vacías y otra bien distinta es crear alarma social entre la ciudadanía que tiene en la vivienda un punto de apoyo para el futuro", afirmó el presidente de los promotores y constructores.

En su opinión, la ley "puede llegar a suponer un freno a un sector [el de la construcción] que es motor de la economía". "Pido reflexión y sentido común", añadió. Reyna se mostró muy preocupado y repitió en varias ocasiones que cualquier ley de la vivienda debe garantizar, antes de nada, la "seguridad jurídica". "Las administraciones deberían intervenir menos y limitarse a establecer unas reglas del juego: pocas, claras y sencillas, tanto para urbanismo como para vivienda", zanjó.

En su respuesta, el consejero de Medio Ambiente y Vivienda, Salvador Milà, hizo una encendida defensa del anteproyecto de ley. "No es intervencionista en absoluto. Sí regulador", afirmó. El consejero aseguró que el texto del proyecto "no habla de expropiación, sino de viviendas que no cumplen su función social", aunque el artículo 6.2 incluye esta palabra.

En cualquier caso, Milà recordó que la ley la forman 139 artículos que "contemplan todas las realidades". "No puede ser que una ley de vivienda no hable de aspectos como la degradación de los cascos antiguos, el acoso inmobiliario, o las viviendas vacías o sobreocupadas", afirmó, y añadió que el borrador del Gobierno no hace sino "actualizar en Cataluña en 2005 políticas que en Europa llevan años instauradas".

Milà concluyó su respuesta con una última afirmación pronunciada en voz alta y gesticulando: "Aquí afuera hay una sociedad con miles de personas que no pueden acceder a una vivienda y no cumpliríamos con nuestro mandato como Gobierno si no respondemos a esta problemática".

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Durante el encuentro celebrado ayer en el salón inmobiliario también intervino el consejero de Política Territorial y Obras Públicas, Joaquim Nadal. En tono conciliador, recordó que el texto dado a conocer es un borrador de anteproyecto y afirmó que "en su recorrido hasta la mesa del Gobierno y el Parlament puede sufrir matizaciones". Nadal también se mostró partidario de que, en caso de hacerlo, el Gobierno comience expropiando suelo antes que viviendas: "Si el principal elemento acondicionador del precio de la vivienda es el suelo, tiene más sentido comenzar por el origen del problema".

El consejero de Política Territorial también se refirió a la futura ley del suelo del Gobierno español, y advirtió de que "si hubiera invasión de competencias autonómicas", el Ejecutivo catalán "no tendría más remedio que recurrir al Tribunal Constitucional". "No digo que sea así, sólo lo advierto", dijo.

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Sobre la firma

Clara Blanchar
Centrada en la información sobre Barcelona, la política municipal, la ciudad y sus conflictos son su materia prima. Especializada en temas de urbanismo, movilidad, movimientos sociales y vivienda, ha trabajado en las secciones de economía, política y deportes. Es licenciada por la Universidad Autónoma de Barcelona y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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