El Gobierno vasco expedienta a 15 remeros de una trainera cántabra

Quince miembros de Astillero, ganador de la liga de la Asociación de Clubes de Traineras (ACT), se enfrentan a una multa total de 901.515 euros por negarse a pasar un control de dopaje el pasado 24 de septiembre, tras la regata que tuvo lugar en Hondarribia (Guipúzcoa). El expediente sancionador se abre a cada una de las personas afectadas, no al club de Astillero, que ya han recibido la notificación.

Aquel día, la dirección de Deportes del Gobierno vasco ordenó a un equipo médico, escoltado por la Ertzaintza, que interrogara a los 25 remeros que habían solicitado autorizaciones de uso terapéutico (AUT) que incluían sustancias prohibidas. Sólo los de la trainera cántabra de Astillero, respaldados por un asesor del club, se negaron, "además, de malas maneras", según los responsables de la investigación.

La sospecha de que algo extraño ocurría alrededor de las AUT saltó cuando se descubrió que de las 25 solicitudes, 16 pertenecían al mismo equipo, Astillero, mientras que las nueve restantes procedían de otras cinco traineras. Todas ellas reclamaban un tratamiento basado en glucocorticoesteroides, un grupo que figura entre las sustancias perseguidas por la WADA (Agencia Mundial Antidopaje) y por la normativa española. Su administración está prohibida salvo autorización médica.

El Gobierno vasco, como el resto de las administraciones autonómicas, tiene competencias para perseguir las infracciones cometidas en la comunidad autónoma vasca, sin tener en cuenta la naturaleza de la competición ni de la vecindad o nacionalidad de quien comete la infracción. Así que, después de recibir una denuncia por parte del juez único de la asociación de traineras, la dirección de Deportes efectuó el citado control antidopaje a todos los que hubieran solicitado AUT durante 2005.

El examen requerido era un control sencillo, basado en un interrogatorio médico. "Se pretendía determinar si estas peticiones se ajustaban a la realidad del estado físico de los deportistas", explicó ayer el director de Deportes del Gobierno vasco, José Ramón Garai.

De los 25 reclamados para el control, los 16 de Astillero se negaron al mismo: dos porque no se presentaron a la cita, y los otros 14 porque, apoyados por un asesor del club -tam-bién expedientado-, se negaron a responder las preguntas de los médicos. Siempre a sabiendas de las consecuencias que podía acarrear su decisión: una multa de entre 6.010 y 60.101 por persona, además de la prohibición de acceso a instalaciones deportivas del País Vasco durante un máximo de cuatro años.

Astillero ha recibido los expedientes con un sentimiento dividido de indignación y sorpresa. El abogado del club, Ignacio Arroyo, insiste en que nadie se negó a pasar el control, pero que viendo el cariz de interrogatorio que tomaba decidieron contar con un letrado, informa Víctor Soto. "Los remeros han pasado hasta 103 controles en toda la temporada y todos ellos negativos", asegura el letrado. "Nos van a sancionar porque no ganan en el agua", indica Arroyo. El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, aseguró que "Euskadi quiere apartar a Astillero de sus regatas".