El fiscal pide siete años de inhabilitación para el alcalde de El Puerto

Juicio por el nombramiento de un subinspector de la Policía Local

El alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Hernán Díaz Cortés, de Independientes Portuenses (IP), fue juzgado ayer por el supuesto delito de prevaricación. La querella fue presentada por el ex jefe de la Policía Local Luis Fuentes Durán, a quien el alcalde, según la acusación, impidió volver a ocupar su plaza de funcionario después de un periodo de excedencia. El fiscal rebajó a siete años la petición de inhabilitación.

Díaz nombró "a dedo", según el denunciante, a un nuevo responsable en el cuerpo, José Díaz Otero, para quien creó la plaza de subinspector. La acusación particular elevó a nueve años su petición de inhabilitación, mientras que la defensa pidió ayer la libre absolución.

Díaz Cortés reconoció durante el juicio que, tras la petición de reingreso de Fuentes, firmó dos cartas, en los años 1993 y 1994, en las le garantizaba su regreso a la función pública una vez que hubiese una plaza disponible en su escala o se crease alguna de mayor rango a la que pudiera acceder mediante un proceso de promoción interna municipal.

A pesar de ello, un año más tarde, el alcalde contrató por la vía de urgencia y con carácter de interinidad a un nuevo mando para la Policía Local. José Díaz Otero procedía del Cuerpo Superior de Policía y se encontraba en situación de segunda actividad. El alcalde justificó ayer el nombramiento ante el juez en su convencimiento de que se trata de una persona "capacitada y dedicada".

Fuentes denunció a continuación que el nombramiento se había desarrollado "sin procedimiento alguno", circunstancia que, hasta en tres ocasiones, fue advertida también al alcalde por el entonces delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Francisco Menacho.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía consideró ilegal el nombramiento por la ausencia de concurso público. Hernán Díaz alegó ayer: "Ni el secretario general del Ayuntamiento ni el interventor municipal me advirtieron de la ilegalidad. Yo no he actuado de mala fe".

Dos años más tarde, según relató ayer el primer edil, el pleno del Ayuntamiento creó una plaza de subinspector de la Policía Local, que le fue dada a Díaz Otero mediante un concurso público al que sólo se presentó él, porque un segundo candidato "desistió", según aseguró el alcalde.

Fuentes explicó ayer que no se presentó a las pruebas de acceso a la plaza porque ya era funcionario municipal y no se puede examinar dos veces. Según el abogado de Fuentes, Antonio San Juan, "el alcalde ha cometido un delito continuado de prevaricación". "No sólo designó a dedo a su hombre de confianza, Díaz Otero, sino que, además, mantuvo la situación hasta que no tuvo más remedio que crear la plaza y abrir el procedimiento administrativo de acceso para dar apariencia de legalidad y para dar respuesta a los reiterados requerimientos que le hizo la Junta de Andalucía", añadió.

La defensa del alcalde, dirigida por el abogado Felipe Meléndez, aseguró ayer que el edil "corrigió la irregularidad referida al nombramiento de Díaz Otero, cuando fue advertido". Según dijo, la nueva plaza no se correspondía con la capacitación de Fuentes, por lo que no era posible concederle su reingreso a la función municipal.

El juez desestimó la solicitud de aplazamiento de la acusación particular por la ausencia de dos testigos: José Díaz Otero y la concejala de IP ex delegada de Recursos Humanos María de los Ángeles Fernández Bustabad.

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