El PSOE reclama en el Estatuto para Andalucía cuatro competencias estatales

El PSOE de Andalucía reclama asumir hasta cuatro materias de competencia exclusiva del Estado, mediante el artículo 150.2 de la Constitución, en su propuesta de reforma del Estatuto de autonomía: puertos y aeropuertos, servicio meteorológico, cuenca hidrográfica del Gualdalquivir y museos y archivos. Los socialistas andaluces se sitúan en un punto intermedio entre las demandas previstas en los proyectos estatutarios de Cataluña y Comunidad Valenciana. Toda la propuesta incide básicamente en la necesidad de que Andalucía esté presente, participe y sea oída en todos los asuntos del Estado que le afectan.

La propuesta andaluza incluye una "cláusula de cierre" en lugar del "blindaje" catalán

El debate de las competencias de la comunidad aún no ha sido abordado en la ponencia parlamentaria de reforma del Estatuto andaluz, cuya discusión se ha decidido retrasar un mes. El motivo de la demora no es otro que el debate de la propuesta de reforma del Estatuto catalán. En Andalucía se sigue no con el rabillo del ojo -como suelen decir los políticos andaluces- sino los de los dos, el recorrido de la proposición de ley de reforma catalana y se ha decidido esperar al debate de la toma en consideración en el Congreso de los Diputados el próximo 2 de noviembre.

El documento sobre las competencias de la comunidad elaborado por el PSOE andaluz, de 13 folios, contempla la siguiente disposición adicional: "Al amparo del artículo 150.2 de la Constitución, la comunidad autónoma de Andalucía asume, mediante transferencia o delegación, las facultades (legislativas y/o de ejecución) de competencia del Estado" en cuatro materias: puertos y aeropuertos de interés general; servicio meteorológico en Andalucía; Confederación Hidrográfica del Guadalquivir; y museos, archivos y bibliotecas radicados en la comunidad. Esto afectaría, por ejemplo, al puerto de Algeciras -el segundo en tráfico de contenedores de Europa; el primero es Rotterdam-, el museo de Bellas Artes de Sevilla o el Archivo de Indias.

Al contrario que en la proposición de ley catalana, el PSOE de Andalucía no le dice al Estado qué leyes orgánicas debe modificar para asumir tal o cual competencia, aunque sí le insta a utilizar la vía del artículo 150.2 de la Constitución para que la comunidad gestione materias estatales. También le dice claramente cuáles reclama.

Discrepancias

La utilización de esta rendija constitucional para aumentar el techo de autogobierno fue desautorizada el pasado mes de septiembre por el Consejo Asesor del Gobierno andaluz sobre el Estado de las Autonomías, del que forman parte, entre otros, dos ex presidentes del Tribunal Constitucional y dos ex presidentes de la Junta de Andalucía. En un informe entregado al presidente andaluz, Manuel Chaves, el pasado mes de septiembre el consejo aseguró que el uso del 150.2 "puede ser un fraude constitucional, sobre todo porque se haría irreversible para el Estado, que cedería esas competencias de forma definitiva, ya que adquirirían la rigidez propia de los Estatutos de Autonomía".

Por el contrario, el presidente del Consejo Consultivo de Andalucía, institución que debe chequear la legalidad del proyecto, sostiene que "jurídicamente no existe ningún obstáculo" para usar la vía del 150.2 para transferir, en concreto, la Confederación del Guadalquivir.

En su propuesta, los socialistas andaluces introducen un nuevo artículo que denominan "cláusula de cierre" con el que pretenden evitar la invasión de la legislación estatal en las competencias de la comunidad. Dice así: "En el ámbito de las competencias que se le atribuyen en el presente Estatuto, le corresponde a Andalucía, además de las facultades y funciones expresamente contempladas en el mismo, todas aquélla que resulten inherentes a su pleno ejercicio".

El portavoz del grupo parlamentario socialista, Manuel Gracia, niega que la interpretación correcta de este precepto sea la de "blindar" las competencias. "Nosotros no estamos por describir hasta el mínimo detalle todas las competencias y se trata de curarnos en salud, por si se nos escapa algo, para luego poder alegar este precepto".

En la iniciativa, el PSOE hace una división entre competencias exclusivas de la Junta, compartidas y de ejecución. Entre las primeras se detallan hasta un total de 46. Para hacer la calificación de exclusiva ha tenido en cuenta que la materia no aparece como tal en el listado de las competencias que el artículo 149.1 de la Constitución reserva al Estado como, por ejemplo, la regulación de la función pública andaluza.

Bajo el epígrafe de "Otras competencias exclusivas", se regulan, al igual que en el Estatuto actual, aquellas materias de la actuación económica general y la política monetaria del Estado de acuerdo con los artículos 38, 131, 149, 1, 11 y 13 de la Constitución. La propuesta amplía el bloque ahora vigente y contempla que la comunidad "participará en la planificación y programación de las obras públicas de interés general competencia del Estado. La calificación de obra de interés general del Estado requerirá, en todo caso, informe previo de la comunidad autónoma".

Los socialistas han huido del ejemplo catalán y no recurren al detalle exhaustivo. Según Manuel Gracia, "en puridad, competencias exclusivas no hay y la práctica de la invasión estatal no la impide nada. Al final siempre será el Tribunal Constitucional el que lo determine".

En otro apartado, amplía las competencias sobre cajas de ahorro a las "entidades gestoras de planes y fondos de pensiones" y otorga a la Junta de Andalucía "la condición de autoridad de gestión y de autoridad pagadora o de certificación para la gestión de los fondos europeos en materias de su competencia".

La propuesta también amplía las competencias de ejecución de la normativa dictada por el Estado, como las políticas activas de empleo.