La última prórroga de un modelo agotado

El modelo de financiación universitario valenciano, instaurado a principios de los años noventa, fue una novedad que el resto de comunidades autónomas fueron imitando a lo largo de la década. Su mayor virtud consistió en proporcionar un horizonte económico a las universidades, lo que les permitió planear su desarrollo.

El patrón creado por el Consell socialista, en 1993, fue repetido por el ejecutivo popular, que creó el Plan Plurianual de Financiación 1999-2003. Con aquel plan se acabaron los tiempos de la previsión a medio plazo en los presupuestos universitarios.

El año 2004 se cubrió con su prolongación, firmada en diciembre, y que acabó extendiéndose, en verano, a todo 2005. Y hace dos semanas, el presidente Francisco Camps y los cinco rectores firmaron una nueva prórroga del modelo para 2006 y 2007. La última misión de un modelo exhausto. "Nos hemos enfrentado a grandes cambios en un mundo que es muy dinámico", opina la vicerrectora de la Universitat de València, Matilde Fernández, "y en estos momentos tenemos entre manos la convergencia europea, que cambia completamente el modelo de enseñanza".

La virtud del sistema, permitir la planificación económica, llegó a su fin en el año 2003

¿Hubiese sido deseable crear un modelo de financiación específico para asumir la transición hacia el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)? Fernández y la mayoría de responsables universitarios responden que sí, pero admiten que era un objetivo complicado. Agravado por la lentitud con la que el Gobierno viene manejando la reforma de la Ley Orgánica de Universidades, el nuevo mapa de titulaciones y el resto de pasos en el camino hacia el EEES, en el que ha tenido que afrontar algún sobresalto.

La última prórroga del modelo plurianual, desvirtuado al estar reducido a dos años, prevé entregar a las universidades públicas valencianas unos 670 millones de euros. ¿Cómo se reparte el dinero? Estos son los cinco parámetros de financiación de un modelo que nació siendo complejo y ha sido remendado en varias ocasiones. La cantidad de partida es el 1% del Producto Interior Bruto (PIB) nominal valenciano. Es decir, el PIB más el Índice de Precios al Consumo (IPC), actualizados año tras año.

- Fija

La financiación fija equivale al 2,2% del total entregado a las universidades -el 1% del PIB nominal-. Se divide en partes iguales y se reparte entre las cinco universidades públicas, independientemente de su tamaño y número de número de alumnos.

- Básica

La financiación básica representa en torno al 70% del total. Lo que recibe cada universidad varía según el número de estudiantes a tiempo completo que tienen matriculados. El dinero que una universidad recibe por cada alumno varía según el grado de experimentalidad de la titulación que cursa. Existen cinco niveles de experimentalidad. La Universidad Politécnica de Valencia y, a cierta distancia, la Miguel Hernández de Elche, con mayor proporción de carreras técnicas, son las más beneficiadas por esta corrección.

- Por objeivos

El 10% del dinero proviene del cumplimiento de unos objetivos por parte de las universidades. Existe consenso en los rectorados en que el sistema debe ser reformado en profundidad porque es demasiado complejo. Los parámetros que se utilizan, afirma un vicerrector, son "excesivamente sofisticados, están mal medidos" y se sostienen sobre unos parámetros "muy difíciles de comparar". Algunos de ellos son: La captación de recursos para la investigación; la movilidad del profesorado; el éxito de los alumnos en las carreras y su grado de ocupación una vez abandonan la universidad.

- Compensación

Las universidades reciben una partida para compensar "la aplicación de la normativa estatal y autonómica" en materia, por ejemplo, de matrículas gratuitas (becas); antigüedad del profesorado y primas por la labor investigadora de sus miembros

- Tasas e ingresos propios

Las tasas, los precios públicos que pagan los clientes, los fijan las Administraciones y están muy por debajo del coste real. Los ingresos propios provienen de convenios con empresas y en lo que las universidades reciben al concursar a convocatoria públicas.