Urbanismo

Parece demasiada casualidad que por toda Andalucía haya escándalos urbanísticos. Aparte de que se hayan descubierto algunos casos gracias a la acción policial o a las denuncias políticas, no puede ser casual que haya extraños tejemanejes de sobornos, cambios de uso que benefician a políticos desaprensivos y empresarios aprovechados, construcciones ilegales y demás. El caso Ballena Blanca de blanqueo de dinero con ramificaciones en toda la Costa del Sol no es el único. Camas, Manilva, Lanjarón, Marbella son exponentes de una situación general. No puede ser que hayan coincidido en el tiempo el afán de rapiña y la diligencia policial. De manera paralela a la delincuencia urbanística, sufrimos una epidemia de construcciones ilegales: Las Beatillas en El Puerto de Santa María, Montenmedio en Vejer, un hotel en Cabo de Gata, viviendas ilegales en Chiclana, El Puerto de Santa María y otras ciudades. Los ciudadanos prefieren olvidarse de la ley porque luego la Administración es incapaz de hacerla cumplir. Parece como si un descontrol urbanístico se hubiera adueñado de Andalucía, como si reinaran el caos y el ladrillo.

Desconozco las causas exactas, aunque se me ocurren algunas: los ayuntamientos no tienen medios para el control de las actuaciones ilegales ni, por supuesto, para el derribo de edificios ilegales. Como ejemplo baste recordar que el chalet de Bertín Osborne se mantuvo en pie diez años. La Junta no realiza su tarea de control de la acción urbanística de una manera eficaz. Se ha instalado una cultura del dinero rápido y fácil, del lucro depredador. Al calor de este dinero se han enriquecido unos y se han comprado voluntades de otros. La policía se ve desbordada por la situación en el Aljarafe y en la Costa del Sol. Alcaldes procesados y ex alcaldes condenados. Los juzgados convertidos en el lugar donde se dirimen los procesos urbanísticos. Quizás abrió la puerta el deseo municipal de obtener recursos para financiar inversiones con las plusvalías provenientes de los cambios de uso del suelo así como el uso demagógico de la creación de empleo. Pero tantas coincidencias señalan una responsabilidad de la Consejería de Obras Públicas de la Junta que por un exceso de respeto a la autonomía municipal o por dejación de sus funciones nos ha llevado a esta situación.