El Gobierno busca contratos más estables

Cada mañana, varias trabajadoras acuden a prestar sus servicios como personal de a bordo del AVE. Pese a que la actividad del servicio ferroviario es continua, la trabajadora está vinculada a una empresa contratada por Renfe. El AVE seguirá ofreciendo de manera continuada ese servicio y, sin embargo, esas trabajadoras tienen un contrato temporal lo que le genera inestabilidad en su trabajo.

Esta situación o alguna similar reúne a 5,1 millones de trabajadores en España, cerca de un tercio de los asalariados. La empresa puede prescindir de ellos en cualquier momento y el despido supone una mínima indemnización de ocho días por año trabajado. El Ejecutivo asume que el fuerte peso del sector servicios en el modelo productivo español favorece una alta temporalidad.

Las partes reconocen que la reducción de la temporalidad depende de las empresas

Tanto los sindicatos como la patronal rechazan la propuesta del Ejecutivo

Para intentar acabar con esta sombría imagen del mercado laboral, el Gobierno, la patronal y los sindicatos llevan más de siete meses sentados en una mesa. El Ministerio de Trabajo ha entregado esta semana a las partes un documento con sus propuestas para poner coto a la eventualidad y flexibilizar los contratos de trabajo. El texto combina reivindicaciones de los empresarios y los sindicatos, aunque ambas partes esgrimen que favorece al contrario.

El Gobierno ha realizado sus cálculos y asegura que un tercio de los trabajadores que ahora son eventuales pueden dejar de serlo. Así lo ha asegurado a este periódico el secretario general de Empleo, Valeriano Gómez.

Dos son las grandes estrategias encaminadas a este fin. La primera de ellas es limitar temporalmente el periodo en que un trabajador puede permanecer en esa situación. Si el empleado está vinculado a la empresa más de 24 meses dentro de un periodo de tres años, éste debería adquirir inmediatamente la condición de fijo, pues se entiende que su labor en la empresa dista de ser coyuntural. "Esta medida por sí sola puede provocar que entre 350.000 y 500.000 empleos pasen a ser indefinidos", vaticina Gómez.

La segunda estrategia -la más relevante cuantitativamente- se centra en el proceloso mundo de las subcontratas donde proliferan los contratos por obra y servicio. De hecho, cada año se registran cinco millones de contratos de esa modalidad, que vincula la relación laboral a una actividad específica. La mitad de los temporales (2,5 millones de trabajadores) dispone de esta fórmula.

Para desterrar el uso de este tipo de contrato, Trabajo propone que las subcontratas puedan contratar de forma indefinida. Eso sí, en caso de pérdida de la actividad para la que emplearon a esos trabajadores, la empresa cuenta con la posibilidad de despedirlos de forma rápida y con una indemnización vinculada a su antigüedad (CC OO calcula que, como mucho, serían 20 días por año a partir del tercero). Valeriano Gómez valora la posibilidad de mejor contrato y mejor indemnización para alguien que, de otro modo, recibiría ocho días por año. Por esta vía se estabilizaría a al menos un millón de personas.

Más allá de las medidas concretas para frenar la precariedad, Trabajo también espera que las políticas de estímulos generen más trasvase de temporales a fijos.

El contrato de fomento del empleo indefinido, que establece un despido más barato (33 días por año frente a los 45 ordinarios) para colectivos de difícil inserción en el mercado, amplía su ámbito de aplicación. Además de mujeres, jóvenes y mayores de 45 años, cualquier persona que lleve un mes en paro podrá acogerse (ahora hacen falta seis meses). Por esta vía, Trabajo confía en arañar otros 100.000 trabajadores más para el cupo de los fijos.

Si se cumplen estos pronósticos, la cifra de temporales bajará de los cinco millones actuales a 3,4, lo que implica reducir la tasa hasta el 22% de la población activa. "Creemos que se puede lograr en cinco años", enfatiza Gómez.

Pese a los buenos propósitos, el responsable de Empleo es consciente de que el traspaso no será automático, sino que requiere una buena labor de inspección. Los planes de Trabajo contemplan incorporar una cuarta parte más de los inspectores existentes, hasta un total de 2.000. También se pretende mejorar la presencia de personal de apoyo, de forma que por cada inspector o subinspector existan otras cinco personas de refuerzo.

La propuesta de Trabajo también contempla otras medidas: reducción de bonificaciones a los empresarios, aumento de dos a cuatro años del periodo máximo para recibir bonificaciones a la contratación, mejora de la protección por desempleo, planes de igualdad entre hombres y mujeres. En última instancia, el resultado dependerá de la voluntad de las empresas.

Los negociadores no ven con tan buenos ojos la estrategia esbozada. Los sindicatos dudan de que frene la temporalidad y, por el contrario, temen que facilite aun más el despido al tiempo que otorga a los empresarios más bonificaciones vinculadas al contrato de fomento de empleo, no al ordinario.

Lola Liceras, responsable de Empleo de CC OO, cree que el documento amplía las posibilidades de despido. También teme que se limite el papel del juez en la decisión sobre los despidos. "Ésa ha sido siempre la propuesta de la CEOE. Lo que no entiendo es por qué el Gobierno ha entrado en esa lógica", se pregunta.

Toni Ferrer, responsable de acción sindical en UGT, considera que el documento está "claramente escorado hacia la patronal" y cita el procedimiento de despido entre los asuntos que aparecen detallados, frente a las vaguedades de las medidas más proclives a los sindicatos. La única ventaja que percibe es que, al menos "enmarca la discusión y sirve para negociar".

Curiosamente, la patronal ha empleado casi los mismos argumentos rechazar el texto. El gran empresariado considera que el documento está elaborado al dictado de las centrales, cuyas peticiones figuran muy detalladas, mientras que los guiños a la patronal son excesivamente difusos.

El arranque del Gobierno le ha servido a la CEOE para anunciar, por primera vez desde el inició del proceso, el pasado 18 de marzo, un documento en el que reflejará sus propuestas. Entre ellas figurará la creación de un contrato temporal durante dos años, que continúe como fijo otros cinco, y que el empresario pueda extinguir aunque tenga esa condición, con una indemnización de 20 días por año trabajado.