El Gobierno aprueba otro trasvase para regadío del Tajo al Segura

El Consejo de Ministros aprobó ayer un trasvase de 18 hectómetros cúbicos de agua (el equivalente en volumen a 18 estadios como el Bernabéu) del Tajo al Segura para asegurar la supervivencia de los frutales. Además, el Gobierno aprobó decretos de sequía para el Júcar, el Tajo y el Segura (con los embalses por debajo del 30%) que permiten a sus presidentes retirar concesiones de la agricultura y las eléctricas para darla a las ciudades y reducir el caudal ecológico de los ríos. Los decretos establecen sanciones de hasta 600.000 euros para el derroche de agua.

El presidente de Murcia, el popular Ramón Luis Valcárcel, ya advirtió el miércoles que Murcia necesita 100 hectómetros para los próximos dos meses y que no se conformaría con "un chorrico" de agua. La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, afirmó ayer que la cantidad aprobada es la que el Ministerio de Agricultura ha considerado necesaria "para salvar los cítricos, no la cosecha, sino los árboles".

A la reunión del Consejo de Ministros no asistió el ministro de Defensa y ex presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, que estaba en Cádiz en los actos del aniversario de Trafalgar. Bono, que desde Castilla-La Mancha fue muy crítico con el acueducto, también se ausentó en el Consejo que aprobó un trasvase en junio, aunque sí estuvo presente hace tres semanas. Entonces el Gobierno sólo aprobó un envío para abastecimiento.

En aquella reunión el Consejo acordó que decidiría en un mes, y en función de las circunstancias, si aprobaba un envío para riego. Las circunstancias han sido, según Narbona, que en Murcia ha llovido menos de un litro por metro cuadrado la semana pasada y que los árboles necesitan un riego de socorro. De todas formas, el trasvase es un adelanto de los 60 hectómetros para riego que, como mucho, se podrán enviar en este año hidrológico (hasta octubre del año que viene) si un diluvio no cambia las previsiones.

Reserva exclusiva

Los embalses de Entrepeñas y Buendía, en la cabecera del Tajo, almacenan 315 hectómetros (el 12,73% de su capacidad), y el Gobierno sólo puede trasvasar mientras tengan más de 240 hectómetros. Ésa es la reserva que la ley establece como exclusiva para la cuenca del Tajo y que garantiza todos sus usos durante dos años. Medio Ambiente asegura que con el trasvase aprobado no se pone en riesgo ni el abastecimiento a Castilla-La Mancha ni el uso urbano en Murcia y Alicante, donde más de dos millones de personas beben agua del Tajo.

Además del trasvase, el Consejo de Ministros aprobó tres decretos de sequía para las cuencas del Segura (al 10,5%), el Júcar (18,1%) y el Tajo (33,2%, pero con problemas en la cabecera y en su recorrido hasta Madrid). Estos decretos, con una vigencia máxima hasta diciembre de 2006, dan poderes especiales a los presidentes de las confederaciones hidrográficas, dependientes del ministerio, para reasignar derechos de agua y destinarlos al consumo. Si esa agua se destina a la ciudad, la empresa de abastecimiento deberá indemnizar a los agricultores que la pierdan.

La norma sirve también para requisar agua de los saltos hidroeléctricos. Las confederaciones del Tajo y el Segura negocian desde hace meses para retomar concesiones de tres saltos hidroeléctricos y ahora podrán requisar la concesión. "Los presidentes podrán decidir si la agricultura tiene que utilizar agua reciclada para preservar la de mejor calidad al abastecimiento", según Narbona.

Las medidas están previstas en la Ley de Aguas, que establece que "en circunstancias de sequías extraordinarias el Gobierno, mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, podrá adoptar las medidas que sean precisas en relación con la utilización del dominio público hidráulico, aun cuando hubiese sido objeto de concesión". En la sequía de entre 1992 y 1995, el Gobierno aprobó dos de estos decretos. Las decisiones de las confederaciones deberán ser comunicadas a un organismo en el que estarán los ayuntamientos, las comunidades, los regantes, la industria y los ecologistas, entre otros.

Los decretos también aceleran los trámites de algunas obras de emergencia, como los pozos de sequía, y permiten reducir el caudal ambiental que fijan los planes de cada cuenca de forma temporal y tomando medidas para que los daños no sean irreversibles. Para las infracciones muy graves establece sanciones de hasta 600.000 euros, según Narbona. En estos casos incluyen "la derivación de aguas de sus cauces y el alumbramiento de aguas subterráneas sin la correspondiente concesión o autorización" o "la captación abusiva" de agua. El ministerio prepara normas similares para las cuencas del Ebro, el Guadiana y el Guadalquivir. Andalucía y Cataluña, dos autonomías con competencias en agua, ya han aprobado decretos con restricciones.

El ministerio trabaja con la hipótesis de que la sequía se prolongará. El año 2004-2005 fue el más seco desde 1947, cuando empezó a haber registros en toda España. Pero tampoco tiene precedentes en las series que hay en Huesca desde 1860 o en Madrid desde 1859.