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Los inspectores piden un registro de defraudadores

Lucía Abellán

Los inspectores necesitan de estrategias sofisticadas para luchar contra los profesionales del fraude. Con este convencimiento, el colectivo propone crear un régimen especial para defraudadores que establezca un registro de esos contribuyentes recalcitrantes y unos procedimientos diferentes a los ordinarios para impedir su actuación. Los inspectores abogan también por sancionar a los bancos que colaboren con el dinero negro de sus clientes y por implicar a los ciudadanos en las denuncias del fraude, con multas en caso de que participen en las irregularidades.

La Organización de Inspectores de Hacienda del Estado, que aglutina al 90% del colectivo, ha elaborado 50 propuestas que a su entender deberían conformar la ley de prevención del fraude fiscal que ultima el Gobierno. Conscientes de que la lucha contra el fraude más grave requiere imaginación, este colectivo ha presentado un texto con propuestas en el congreso anual que se clausuró ayer en Granada. Los inspectores sugieren un régimen específico para contribuyentes ilocalizados, que no comparezcan ante la Administración, que hayan sido testaferros o que figuren en tramas organizadas. El director de la Agencia Tributaria sería el encargado de determinar la inclusión en el régimen. Con ellos se elaboraría un registro especial, y para perseguirlos y cobrar las deudas que generen se podría realizar, por ejemplo, una especie de estimación indirecta de lo que deben a Hacienda, aunque no se conozca con exactitud la situación de sus sociedades, que siempre es opaca. Así lo explicó ayer el presidente de esta organización, José María Peláez.

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En toda persecución del fraude los inspectores consideran fundamental la colaboración ciudadana. Además de proponer campañas de concienciación, el texto sugiere que los clientes que efectúen pagos sin exigir factura "incurrirán en fracción tributaria". Para incentivar que el contribuyente denuncie los fraudes de los que tenga conocimiento, José María Peláez aboga por exonerarlo del pago de sanciones si informa a la Agencia Tributaria, por ejemplo, de cuando se le ha pedido que pague la mitad de un piso en dinero negro. "Resultaría bastante efectivo", asegura.

Más severo se muestra con la banca. Peláez asegura que los bancos ayudan en muchas ocasiones a los clientes a gestionar su dinero negro a sabiendas. Además de perseguir esas conductas, Peláez reclama la potestad de ir a las entidades y pedir información sobre sus productos para ver si se ajustan a la normativa fiscal.

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Sobre la firma

Lucía Abellán
La redactora jefa de Internacional de EL PAÍS ha desarrollado casi toda su carrera profesional en este diario. Comenzó en 1999 en la sección de Economía, donde se especializó en mercado laboral y fiscalidad. Entre 2012 y 2018 fue corresponsal en Bruselas y posteriormente corresponsal diplomática adscrita a la sección de España.

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