Agbar reclama al Gobierno catalán que ajuste la política del agua a los intereses de la empresa

El director general de Aguas de Barcelona (Agbar), Ángel Simón, ha remitido una carta al consejero de Medio Ambiente, Salvador Milà, en la que le pide que modifique diversas decisiones tomadas por la Agencia Catalana del Agua (ACA) que no se ajustan a los intereses de la empresa. Pone en duda la profesionalidad de los técnicos de Medio Ambiente y reclama la anulación del vaciado de Sau porque la empresa desconoce el proyecto. Asimismo, lamenta que se le imponga un canon correspondiente a 2002 y 2003 que no puede repercutir en los recibos de forma retroactiva.

Las relaciones entre el empresariado y los consejeros de Iniciativa no han sido nunca buenas, y el titular de Medio Ambiente, Salvador Milà, convoca todas las empresariales. En pocos días, su actuación ha sido asaeteada a críticas desde la patronal Fomento del Trabajo, además de haber vivido un desencuentro con una de las primeras empresas catalanas: Aguas de Barcelona.

El conflicto con Agbar tuvo un primer acto en el anuncio de que la empresa instalaría un mecanismo en el puerto de Barcelona para recibir por barco agua del Ebro desde Tarragona. Las tuberías eran de Agbar, pero el barco era cosa del Gobierno catalán, al que compete aportar agua a las empresas suministradoras. La operación fue desautorizada por el Ejecutivo y por el Ayuntamiento de Barcelona.

En esas mismas fechas, el director general de Agbar había enviado una carta a Milà en la que le decía cosas de no poco calibre. En primer lugar le acusaba de soltar agua de los embalses en días de lluvia, un asunto que irritó a la ACA porque sus técnicos están convencidos de que Agbar sabe que entre el momento en que el agua sale del pantano de La Baells y la llegada a la planta potabilizadora de Abrera pasan tres días, de modo que se suelta el agua sin la seguridad de que vaya a llover.

En el segundo punto, Simón reclamaba que se paralizase el vaciado del agua de Sau en el pantano de Susqueda. Sostenía que la operación comportaba riesgos excesivos y remataba: "El hecho de que nosotros no conozcamos el proyecto hace que pensemos que sería mucho mejor que reconsideraseis esta actuación". Es decir, se arrogaba la capacidad para decidir si lo que el Gobierno hace está bien o mal.

Finalmente, Agbar lamentaba que los presupuestos de 2006 incluyan el canon de regulación de la Llosa del Cavall correspondiente a 2002 y 2003, una decisión que Agbar ha impugnado. Tras esta carta, el presidente de la compañía, Ricard Fornesa, emitió una nota pública en la que trataba de limar asperezas.

La actitud de Agbar es paralela a un informe de la patronal Fomento en el que se descalifica de modo inmisericorde al Departamento de Medio Ambiente. Propone recuperar la incineración de residuos, poner coto en ciertos ámbitos a la protección que busca la red Natura 2000 (siguiendo directivas comunitarias) e incluso sugiere que los funcionarios son rigurosos porque, en realidad, sienten aversión por las empresas, cuando no las ignora. El resultado es que "se utiliza el medio ambiente como excusa para debilitar la capacidad económica del país".