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Aguirre eximirá a 143 ayuntamientos de la cesión de suelo para vivienda social

La ley actual exige un 50% de pisos protegidos en todos los municipios

El Consejo de Gobierno aprobó ayer el anteproyecto de la nueva Ley del Suelo, la norma que regulará el urbanismo madrileño en los próximos años. En esta ley, que aún debe ser ratificada por la Asamblea de Madrid, el Ejecutivo de Esperanza Aguirre da carta blanca a 143 alcaldes -los que están al frente de municipios de menos de 15.000 habitantes- para decidir qué porcentaje de vivienda protegida se levantará en sus pueblos. Actualmente la ley establece un mínimo de un 50%.

"No hay demanda para vivienda protegida en los pueblos pequeños, que además suelen estar rodeados de terrenos protegidos. La posibilidad de que los alcaldes puedan decidir qué porcentaje de viviendas protegidas tendrán es una manera de compensarlos y de permitir su crecimiento. Actualmente sólo representan al 8% de la población", sostiene Mariano Zabía, consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Por el contrario, Modesto Nolla, portavoz de Urbanismo del PSOE, se opone a esta medida -cree que es una manera de expulsar a las clases más desfavorecidas de determinados municipios- y

se muestra además muy crítico con los datos ofrecidos por la consejería. Nolla recuerda que seis millones de madrileños ocupan actualmente el 8% del territorio y que ya hay un 4% de suelo recalificado pero no construido. "Es la misma ley que la de 2001 [la actual], pero peor. Es sólo propaganda".

Zabía subraya que la futura ley tiene como objetivo "simplificar, agilizar y hacer más transparente la tramitación urbanística". El consejero sostiene que el gran problema urbanístico en Madrid es la "falta de agilidad en las tramitaciones de los planeamientos, que se pueden alargar seis, siete u ocho años".

El consejero destacó igualmente que el anteproyecto incluye el "silencio positivo", de forma que el procedimiento seguirá adelante en caso de que las administraciones no contesten en los plazos establecidos. Es decir, si un municipio presenta un plan general y el Gobierno no le responde en plazo, el plan quedará aprobado o se procederá a la acción sustitutoria: lo llevará a cabo la Comunidad.

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