La ponencia del Estatuto no logra ningún acuerdo sobre el papel de los municipios

El papel que los ayuntamientos, las diputaciones y las comarcas deben tener en el nuevo Estatuto no logró ayer ningún acuerdo en la ponencia parlamentaria de reforma. Los socialistas, con mayoría absoluta, sacaron adelante en solitario sus propuestas, mientras que el resto mantuvo vivas las suyas. Pese a que el PP cifró el entendimiento en "cero", su portavoz, Antonio Sanz, aseguró que "queda margen todavía para el acuerdo" en este título. PSOE e IU sacaron adelante que la comunidad autónoma participe en la designación de miembros de órganos estatales.

El que no se produjera ningún acuerdo en el nuevo Título dedicado a la Organización Territorial no fue ninguna sorpresa, ya que las propuestas de PSOE, PP, IU y PA son, en algunos casos, completamente opuestas. Las principales discrepancias se centran en varios aspectos.

- Competencias. Los populares e IU quieren que el Estatuto establezca un listado de competencias autonómicas en manos de los ayuntamientos con su correspondiente financiación, a lo que el PSOE se opone. La propuesta del PSOE remite a una ley en la que "se podrá proceder a la delegación y transferencia de competencias a los ayuntamientos siempre con la necesaria suficiencia financiera". El PP considera "antimunicipalista" y "centralista" esta posición, mientras que Antonio Romero (IU) expresó su "descontento".

- Financiación municipal. Los populares quieren que el Estatuto recoja de manera imperativa que los ayuntamientos participarán en "los ingresos" de la comunidad autónoma, una vía que el PSOE contempla sólo como posibilidad y ceñido a los "tributos propios" de la comunidad, no a todos los ingresos. Los socialistas sacaron adelante la creación por ley de un Fondo de Nivelación Municipal, de carácter no finalista, cuyo criterio de reparto responderá a la población. En este aspecto hay "acercamiento".

- Diputaciones. Las posiciones son antagónicas. El PP quiere que tengan mayores competencias; IU y PA propugnan su práctica desaparición; y los socialistas mantienen una posición intermedia. La redacción del PSOE propone acotar las competencias de los organismos provinciales y centrar su ámbito de actuación en los municipios "de menor población". También deja en manos de la Junta la coordinación de la actuación de las diputaciones.

- Comarcas. El PSOE aprobó, con el voto en contra del PP, la creación de comarcas pero eliminando la condición de que los municipios que la integren pertenezcan a la misma provincia. Este paso fue calificado como un "avance" por IU y PA, cuyas formaciones siempre han defendido la división comarcal de Andalucía con órganos de gobierno propios.

Los ponentes también abordaron el Título de las Relaciones Externas de la comunidad, que salió adelante principalmente con la suma de PSOE e IU. Los acuerdos más destacados fueron:

- Bilateralidad. Se da rango estatutario a la comisión bilateral Junta-Estado para fijar "la colaboración de la Junta en el ejercicio de competencias estatales que afecten" a Andalucía. También se acordó, por unanimidad, que la comunidad participe "en la elaboración de las decisiones estatales que afecten a la ordenación general de la actividad económica".

- Órganos estatales. PSOE e IU aprobaron un artículo por el que Andalucía "participará en los órganos constitucionales y en las instituciones del Estado de acuerdo con los procedimientos que para la designación de sus miembros establezca la legislación estatal". Inicialmente, el PSOE señalaba expresamente al Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial. Ahora no hace una enumeración "porque se corre el riesgo de que algo se quede fuera", según el portavoz del PSOE, Manuel Gracia. El PP cree que el artículo "raya la inconstitucionalidad".