La juez tarda 11 días en certificar la devolución de 60 subsaharianos

La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Melilla, Belén García Iglesias, acordó el martes el "cese del internamiento" de inmigrantes devueltos a Marruecos el 7 de octubre, 11 días después de su salida efectiva de territorio español. La magistrada dictó el 6 de octubre autos de internamiento para 60 africanos en el centro de El Matorral, en la isla de Fuerteventura. Esta reclusión no podría prolongarse "por más tiempo del imprescindible para la práctica de la expulsión" pero la medida no llegó a materializarse.

El comisario jefe de Melilla, Florentino Villabona, solicitó el cese del internamiento el día 7 "por haber admitido directamente las autoridades marroquíes la devolución de 60 subsaharianos". La entrada de esta petición en el juzgado está sellada el 9 de octubre. Transcurren, sin embargo, nueve días más hasta que la magistrada certifica la nueva situación de los africanos en autos, fechados el martes 18, mediante los que acuerda "el cese del internamiento".

En su resolución, la juez deja de referirse a la "expulsión" que mencionaba el 6 de octubre y se hace eco de la "devolución" aceptada por Rabat. La diferencia no es baladí. La expulsión permite que el inmigrante puede alegar contra ella, mientras que la devolución, no.

Al final fueron 73

España devolvió a Marruecos a 73 africanos amparándose en el acuerdo hispano-marroquí relativo a la circulación de personas, el tránsito y la readmisión de extranjeros entrados ilegalmente, firmado el 13 de febrero de 1992. El convenio fija que las autoridades fronterizas readmitirán en su territorio a "nacionales de terceros países que hubieran entrado ilegalmente en el Estado requirente (España) procedentes del Estado requerido (Marruecos)".

Los 60 devueltos, según la Delegación del Gobierno, pertenecían a un grupo de 350 subsaharianos que "accedieron a Melilla de forma masiva y violenta, superando la valla del perímetro fronterizo" el 3 de octubre. Además, España devolvió a otros 13 africanos, que no pasaron por el juzgado porque Marruecos ya había comunicado que aceptaría su devolución, según la delegación.

El ministro del Interior, José Antonio Alonso, aseguró ayer en el Senado que todos los inmigrantes repatriados desde Ceuta y Melilla contaron con todas las garantías jurídicas y que ninguno pidió asilo, ni siquiera los oriundos de Costa de Marfil, a pesar de que se les informó de esa posibilidad. "Las mal denominadas devoluciones colectivas se ajustan a la legalidad vigente, son producto de la incoación de un expediente individualizado para cada inmigrante, en el que la policía les informa de sus derechos y tramita las diligencias en presencia de intérprete y de abogado", dijo.