El antiandalucismo socialista de los presupuestos

Los socialistas andaluces sostienen desde hace tiempo, fundamentalmente durante la etapa de gobierno del Partido Popular, que nuestra comunidad autónoma requiere una política fiscal que contribuya al desarrollo económico y social, y la máxima expresión de esta política es que atienda a la redistribución. Una redistribución que para el caso de Andalucía debería tener "un efecto reequilibrador, por el cual las inversiones en las distintas comunidades autónomas con menor nivel de desarrollo tendrían que verse primadas adicionalmente sobre aquellas con un nivel de desarrollo superior". Ello exigiría compromisos de inversiones para Andalucía superiores al 18% para así poder corregir los desequilibrios.

Dentro de las políticas de gasto de los Presupuestos Generales del Estado, la inversión global del Gobierno en Andalucia para 2006 asciende a 3.104,4 millones de euros, de los que 1.325.3 millones de euros corresponden al Estado y sus organismos autónomos, de ellos 27,8 millones corresponden a la Seguridad Social, y 1.779,1 millones de euros restantes a las sociedades mercantiles. Esta inversión global representa el 10,79 % de la inversión real estatal y el 15,93% si nos referimos a la inversión total regionalizada.

Si lo comparamos con el año pasado, también baja mas de un punto nuestro peso en inversiones, ya que en 2005 recibíamos el 17% del total de las inversiones. Esta participación es menor de la que nos correspondería si se atendiese a cualquier variable objetiva como la población o el territorio.

Si consideramos la población real, la inversión regionalizada del Gobierno central es inferior en dos puntos al peso de la población andaluza sobre la población española que se cifra en el 18%, es inferior en 55,23 euros a la media española, Mientras que la media nacional es de 477,17 euros por habitante, la andaluza solo es de 421,94 euros por habitante. Es decir, que a cada andaluz el Gobierno Central le ha asignado 55 euros menos que la media nacional, esto es un 11,5 % menos que el resto de los españoles. De las dieciocho comunidades autónomas, incluidas Ceuta y Melilla, Andalucía ocupa el número catorce en euros por habitante.

Por otro lado, si consideramos que la cuota de participación de Andalucía en las inversiones regionalizadas del estado en relación al territorio, observamos que Andalucía recibe 35.440 euros por kilómetro cuadrado, mientras que la media de las comunidades autónomas es de 38.582 euros por kilómetro cuadrado, es decir recibimos 3.142 euros menos por kilómetro cuadrado que la media nacional. El Gobierno central debería destinar al menos 275 millones de euros adicionales en inversiones para equipararnos a la media territorial.

La política fiscal del Gobierno central para 2006 tiene un sesgo desfavorable para Andalucía ya que no recibe las inversiones necesarias para avanzar en su convergencia. Mientras el incremento de inversiones en las CCAA, con respecto a 2005, se sitúa en una media de crecimiento de 11,51%, Andalucía sólo ha crecido con respecto al año anterior el 2%. Es decir, casi 6 veces menos que la media nacional. Es el peor crecimiento de los últimos 8 años. Seis provincias andaluzas están por debajo de la media nacional de crecimiento del 11,51% y cuatro de ellas por debajo de la media andaluza del 2%. Cuatro de las provincias andaluzas decrecen con respecto a las inversiones que recibieron el año anterior. Alguna de ellas, como Córdoba, casi en un 23%. En Almería continúa decreciendo a pasos agigantados por segundo año consecutivo.

El Gobierno andaluz destaca que Andalucía es la Comunidad que más dinero recibe, obviando la población y el escaso incremento que hemos tenido con respecto al año anterior y otras CCAA. Además, el Gobierno socialista de Manuel Chaves olvida dar un dato fundamental que se desprende del Informe Económico y Financiero presentado con los PGE 2006. El propio Ministerio reconoce no haber ejecutado 861 millones de euros de los 3.038 millones de euros previstos en inversión para 2005.

Con todo lo dicho y hecho durante estos últimos años por el Gobierno andaluz, cabría preguntarse: ¿ratificará ahora el PSOE-A en el Parlamento de Andalucía su "firme compromiso con la defensa y sentido de lealtad al Estatuto de Andalucía y, en concreto, su Disposición Adicional Segunda o Deuda Histórica, utilizando para ello cuantos medios en derecho estén a su alcance, y particularmente los referidos a las vías jurisdiccional y constitucional que sean precisos. Acudiendo a los instrumentos necesarios de reparación de derechos que constitucionalmente le correspondan"?

¿Denunciará la distribución desigual de las inversiones en determinadas zonas del Estado de manera que profundizan las diferencias regionales, consolidando una dinámica de desarrollo desigual contrario al espíritu constitucional? ¿Advertirá ahora el PSOE-A de los efectos negativos que tiene una inflación descontrolada para todos los trabajadores y los más débiles o la injusticia que supone el incremento de los impuestos especiales?.

Sin temor a equivocarnos podemos adelantar que no. El andalucismo socialista se diluye de forma vergonzosa entre el nacionalismo insolidario y el talante aventurero de un Gobierno irresponsable y sin proyecto.

Salvador Fuentes es portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular.