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COLUMNA

Catalunya: un silencio locuaz

En el Semanario Patriótico, primer periódico liberal de nuestra historia, un artículo anónimo explicaba hace casi dos siglos hasta qué punto la información desde el poder resultaba imprescindible para que se diera un régimen de libertad: "Una de las cualidades características de la tiranía es la desconfianza; a ésta es consiguiente la reserva, y a la reserva aquel misterio artificioso con que el déspota procura encubrir sus operaciones y designios". En cambio, cuando los príncipes "se proponen por objeto el bien de la República" su comportamiento es el opuesto: "Hablan sin rebozo, dan cuenta al pueblo de su conducta, entablando de este modo una comunicación franca y recíproca, de que en gran parte depende la justicia y el acierto en el gobierno". "El que manda consulta; el que obedece aconseja y propone", tal es la fórmula de la libertad política. Con una simple actualización del vocabulario, pues ya no hay déspotas ni príncipes, la advertencia resulta del todo válida en términos generales para el funcionamiento de una democracia actual, y lo es de modo específico para el problema que hoy nos ocupa: el nuevo Estatuto de Cataluña. La acción del gobernante requiere discreción, pero no puede ni debe rehuir la explicación ante la opinión pública de las principales cuestiones políticas.

Entre nosotros, la ley del silencio entró en vigor de la mano de las negociaciones de Zapatero con Ibarretxe y se ha convertido en una regla de actuación del presidente socialista. Desde la aprobación del proyecto de nou Estatut el día 30, ZP apenas nos ha comunicado otros mensajes sustanciales que su propósito de hacer "recortes" en aras de la constitucionalidad y del interés general, y que es preciso buscar un encaje entre el "Cataluña es una nación" y el artículo 2 de la Ley Fundamental. Encaje un día aplicable a Euskadi y a Galicia según Zapatero, rechazado al siguiente en charla con Ibarra, y por fin anunciado el 12 de octubre gracias a una fórmula mágica no revelada entre ocho posibles. Buen modo de marear la perdiz. Así el presidente obtiene un alto margen de maniobra, se quita de encima las reacciones de una opinión pública a oscuras, y desestima sin problemas los ataques viscerales del PP.

Como consecuencia, el papel que debieran desempeñar sus explicaciones públicas resulta transferido a las filtraciones sirviéndose del cauce de los medios de comunicación gubernamentales o afines. Hasta el relato de la trayectoria y de las motivaciones que llevaron a ZP a apoyar el Estatuto por encima incluso de su contenido, corre a cargo de periodistas convertidos en exégetas del pensamiento de la esfinge. Sus palabras entrecomilladas son atribuidas a colaboradores íntimos y anónimos. No hay base para la crítica. Sólo que la política de maniobras en la sombra tiene también sus inconvenientes. Y el principal no es otro que el desconcierto de los ciudadanos, obligados a esperar con el alma en vilo la apertura del debate en el Congreso. Algo escasamente deseable en una democracia.

Así que entre la insoportable guerra de palabras entre socialistas y populares, con los segundos en ofensiva permanente, y esa ausencia de información sobre las intenciones políticas del Gobierno de Zapatero, lo que prevalece es la distorsión voluntaria de la realidad. Sirvan de ejemplo los titulares de dos importantes diarios madrileños, al comentar sendas encuestas sobre la posición de los españoles ante el proyecto aprobado de Estatut. El mejor dispuesto hacia el Gobierno titula: "Los ciudadanos piden una salida negociada al Estatuto catalán". El enemigo de Zapatero proclama: "Una abrumadora mayoría rechaza todos los puntos clave del Estatut". El lector se siente inclinado a pensar que las dos encuestas ofrecen resultados opuestos. Pues no es así. En el primer caso, una clara mayoría de no catalanes opina que el Estatut pone en peligro la unidad de España y casi el 70% rechaza la definición de Cataluña "como una nación dentro de España" (dulce formulación de la pregunta). Mientras en el segundo, la misma actitud negativa es compatible con una amplia mayoría a favor de que el proyecto sea debatido y discutido en las Cortes. Es decir, lo mismo que en el primero. Son los titulares los que crean la impresión de un abismo. En realidad, un pantano fruto de la desinformación.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 15 de octubre de 2005