Gallardón renuncia a privatizar la empresa funeraria en este mandato

El Ayuntamiento de Madrid mantendrá en su poder, al menos hasta 2007, el 51% de la empresa mixta de servicios funerarios, y sólo después "estudiará" la posibilidad de privatizarla totalmente. Lo anunció ayer el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, después de que, hace sólo tres semanas, los ediles de Seguridad y Servicios a la Comunidad, Pedro Calvo, y de Hacienda, Juan Bravo, se mostraran partidarios de la operación de venta propuesta por Funespaña, socio del Ayuntamiento en esta empresa semipública que arrojará este año unos beneficios de 4,9 millones.

Durante las tres semanas transcurridas, los servicios jurídicos municipales han explicado al equipo de Ruiz-Gallardón que la operación podría tropezar con un obstáculo legal: la sentencia que en 2003 anuló los pliegos del concurso de privatización del 49% de la funeraria, adjudicado a Funespaña en 1992.

Esa sentencia fue recurrida ante el Supremo, y el alcalde subrayó ayer que el recurso acaba de ser admitido a trámite. "Hasta que el Supremo no dicte la sentencia definitiva no vamos a adoptar ninguna decisión sobre la funeraria. Después, lo estudiaremos", zanjó Ruiz-Gallardón, que calculó en "un año y medio o dos" el tiempo que tardará el Supremo en fallar.

La duda de los servicios jurídicos municipales es qué ocurriría si el Ayuntamiento vende la funeraria y, dos años después, el Supremo no sólo ratifica la sentencia de 2003, sino que interpreta que Funespaña debe devolver el 49% de las acciones que compró. Por eso, el alcalde ha decidido guardar el proyecto de venta y esperar.

Acuerdos del Gobierno

Pero las declaraciones de Ruiz-Gallardón no convencen a los trabajadores de la funeraria, que ayer volvieron a manifestarse contra la operación. Rufino Ramos, portavoz del comité de empresa, anunció que mantendrán los tres días de huelga previstos -24 y 27 de octubre, y 1 de noviembre- mientras el alcalde no acceda a reunirse con ellos y confirmarles "oficialmente" que la venta ha quedado paralizada, informa Servimedia.

Por otra parte, el Gobierno municipal aprobó ayer el reglamento de los "agentes de parques", un cuerpo que vigilará los parques de la capital y tendrá facultad para imponer multas a quien los dañe. Ese cuerpo fue anunciado a bombo y platillo por la Concejalía de Medio Ambiente al llegar Gallardón a la alcaldía, en el verano de 2003. Ayer, el alcalde dijo que "los primeros 39 agentes" empezarán a trabajar "en algún momento de 2006" en los parques de Pradolongo y San Isidro; para el resto no supo dar número ni plazo.

El Gobierno dio también luz verde a sendas operaciones urbanísticas en Centro: la rehabilitación integral de una manzana en ruinas, en Costanilla de los Desamparados, para convertirla en 85 apartamentos -con una superficie máxima de 40 metros- en alquiler para jóvenes (aún sin plazos ni presupuesto); y la expropiación de una corrala de Lavapiés, en la calle de la Cabeza, que será transformada en equipamiento público.