Un ex diplomático francés, imputado por el fraude a la ONU en Irak

Jean-Bernard Mérimée, ex embajador de Francia en Roma y ante Naciones Unidas, fue puesto ayer en libertad bajo una fianza de 150.000 euros por el juez de instrucción Philippe Courroye, que le acusa de corrupción por estar implicado en el escándalo del programa Petróleo por Alimentos, gestionado por la ONU en Irak entre 1996 y 2003 para paliar los efectos del embargo contra el régimen de Sadam Husein.

Mérimée, que tras dejar el cuerpo diplomático francés pasó a formar parte en 2001 del equipo del secretario general de la ONU, Kofi Annan, está acusado de recibidir bonos de petróleo a cambio de apoyar al antiguo dictador iraquí. Según desvelaba ayer Le Monde, un informe de la Brigada de Represión de la Delincuencia Económica, le acusa de haber recibido en 2001 comisiones sobre unos dos millones de barriles de crudo.

Mérimée, de 68 años, es el segundo ex diplomático francés al que se implica en este caso de corrupción, que ha salpicado incluso a un hijo de Annan. El juez Courroye, que ordenó su detención el lunes, ya ha procesado al antiguo secretario general del Ministerio de Exteriores, Serge Boidevaix, de 77 años, y a otros cuatro funcionarios franceses.

Contra la invasión de Irak

El escándalo fue destapado por las investigaciones de la Comisión Volcker creada por la ONU. En Francia, más allá de las actuaciones del juez Courroye, las acusaciones contra antiguos diplomáticos del Quay d'Orsay o contra algunos políticos, como el que fuera ministro del Interior Charles Pasqua, han sido recibidas con bastantes suspicacias. En círculos gubernamentales se relacionan con la oposición de París a la invasión de Irak por las fuerzas angloamericanas, encarnada en el seno del Consejo de Seguridad por el actual primer ministro galo, Dominique de Villepin, entonces titular de Exteriores. Washington, aseguran estas fuentes, trataría así de demostrar que la decisión francesa de no participar en la guerra estaba ligada a "intereses personales" y no políticos o estratégicos.

El Quay d'Orsay se desmarcó ayer del asunto y aseguró que los diplomáticos ya no trabajaban para el servicio exterior francés cuando supuestamente recibieron comisiones ilegales. Mérimée y Boidevaix, dijo un portavoz, "son objeto de un procedimiento judicial por sus actividades privadas".