No son ganado

Las imágenes de africanos esposados de dos en dos, como forajidos, suplicando ayuda (agua, alimentos, información) desde los autobuses que los transportan hacia algún lugar en el desierto en el que temen ser abandonados a su suerte, vistas este pasado fin de semana por televisión, han conmovido a la opinión pública aún más que lo habían hecho la docena de muertes producidas en los asaltos desesperados a las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla en las últimas semanas. La situación ha puesto de manifiesto el dramatismo del problema, pero también que no existen soluciones fáciles; entre otras cosas, porque implica a numerosos países y no sólo a Marruecos y España.

Marruecos aceptó repatriar a los subsaharianos que se concentraban cerca de las fronteras con las dos ciudades españolas. Los condujo a su frontera oriental, por la que había entrado la mayoría. Pero Argelia se negó a cooperar y los expulsados, abandonados en el desierto, volvieron a Marruecos. La solución improvisada por Rabat fue llevar a esas personas (unas 1.400) hacia el sur, con la aparente intención de abandonarlas en la frontera con Mauritania. País que es aún más pobre que Marruecos y que desde luego no se hará cargo de ellos ni de su traslado a sus países.

España no podía permitir que se asaltase su frontera cada noche, y para ello no podía dejar de exigir a Marruecos que cumpliera el convenio de readmisión de inmigrantes irregulares; a la vista de lo ocurrido cabe añadir que debió unir a esa exigencia la de un trato humanitario para los subsaharianos expulsados del país. Ahora hay una emergencia que no puede esperar a que algún día el 0,7% de la ayuda al desarrollo contenga la huida del hambre. Urge la intervención sobre el terreno de organismos especializados de Naciones Unidas (como ACNUR o la Organización Internacional de Migraciones) que eviten dejar la vida y suerte de estas personas en manos de policías de países en los que no se respetan los derechos humanos. Si hay que organizar repatriaciones, que sea bajo supervisión de esos organismos, con amplia experiencia en diversos países y situaciones.

Dicho esto, resulta bastante hipócrita la actitud del PP de culpar al Gobierno español de lo ocurrido horas después de que el presidente de ese partido, Mariano Rajoy, reprochara a Zapatero falta de energía para expulsar de inmediato hacia Marruecos a los entrados irregularmente. Y es injusto afirmar que todo es consecuencia de "las falsas expectativas creadas por el proceso de regularización masiva". Aunque no estuviera muy afortunado el ministro Caldera al rechazar tales acusaciones diciendo que los inmigrantes africanos no leen el Boletín Oficial, es demagógico relacionar las avalanchas de Melilla con una regularización que vincula el permiso de residencia con la existencia de un contrato de trabajo acreditado por el empleador.