La Generalitat y Agbar se enfrentan por el transporte de agua del Ebro a Barcelona

Aguas de Barcelona (Agbar) anunció ayer la adaptación de una zona del Puerto de Barcelona a la llegada de barcos cargados con agua del Ebro procedente de Tarragona. El agua iría a la red metropolitana. El Gobierno catalán, del que dependen las decisiones sobre el suministro a las distribuidoras como Agbar, respondió de inmediato: la empresa se confunde y piensa que es la autoridad hidrológica, cuando la única autoridad es el Ejecutivo. Las decisiones sobre si hay que transportar agua con barcos y desde dónde las toma el Ejecutivo, dijo el director de la Agencia Catalana del Agua, Jaume Solà.

Aguas de Barcelona, principal distribuidora de agua en el área metropolitana barcelonesa (suministra a 23 poblaciones), anunció ayer la construcción de unas instalaciones en el puerto de Barcelona. El proyecto es embarcar agua del Ebro en Tarragona y trasladarla para el consumo de Barcelona y su área de influencia. El anuncio de la empresa sentó como una pedrada en el Gobierno catalán, al que corresponde decidir el origen del agua que se suministra a las distribuidoras. Jaume Solà, director de la Agencia Catalana del Agua, máxima autoridad autonómica en la materia, criticó con dureza la actitud de la empresa y sugirió que quizá ha pensado que es ella la autoridad hidráulica. "Las decisiones políticas no las toman los empresarios, sino el Gobierno catalán", dijo Solà.

El proyecto de Aguas de Barcelona, para el que ya ha pedido licencia de obras al Ayuntamiento y a la Autoridad Portuaria, consiste en adecuar una zona del muelle para que atraquen barcos con bodegas de acero inoxidable, adecuadas para el transporte de agua potable. Desde el barco y a través de una tubería de 1,5 kilómetros, el agua sería transportada hasta la red de suministro. Las obras estarían listas dentro de dos meses, de modo que se pudiera pasar a la red el agua transportada a mediados de diciembre, cuando, si no llueve, el área metropolitana entrará en la segunda fase de emergencia. Con este aporte, equivalente al 13% del consumo diario de la zona, no habría que aplicar restricciones en un par de meses más.

El Gobierno catalán ha sopesado también la idea de transportar agua con barcos, pero nunca del Ebro; sobre todo porque 24 horas antes del anuncio de Agbar el consejero de Medio Ambiente, Salvador Milà, había negado la posibilidad en una intervención parlamentaria. Milà respondía al diputado de CiU Ramon Espadaler, que precisamente criticaba la renuncia del tripartito a utilizar agua del Ebro para el suministro de Barcelona. Esa renuncia está relacionada con el rechazo a los trasvases que forma parte de la doctrina del agua del Gobierno catalán. Pero hay un segundo motivo. La ley que autorizó el suministro de agua del Ebro a Tarragona (obra conocida como "minitrasvase") prohíbe que el agua supere la frontera de la provincia de Tarragona. Esta ley iba a ser cambiada por el Plan Hidrológico Nacional, abolido por el actual Gobierno.

Aceptar agua del Ebro sería, para el tripartito, como negarse a sí mismo. Y transportarla por barco, peor porque es más caro que conectar las dos redes. Entre ambas (la de Tarragona muere en Cunit y la de Barcelona en Cubelles) apenas hay un kilómetro de distancia. Menos de lo que medirá la tubería entre el barco y la red si finalmente el proyecto se lleva a cabo.

La irritación del Gobierno catalán se trasladó también a CiU, porque Leonard Carcolé, el directivo de Agbar que explicó los planes de la empresa, se permitió descalificar la intervención parlamantaria de Ramon Espadaler asegurando que no era el momento de discutir sobre la política del agua. No obstante, CiU prefirió pasar por alto la andanada y emplazar a Salvador Milà a que deje claro de dónde procederá el agua que llegue a Barcelona si a la postre es necesario comprarla en alguna parte. Agbar, tras conocer las reacciones del Gobierno catalán, decidió plantarle cara y emitió un comunicado donde reivindica su derecho a garantizar el suministro a los usuarios y descalifica las críticas que le hace la Agencia Catalana del Agua.