Acuerdo para la construcción del tercer carril en la AP-7

ACESA, empresa concesionaria de la autopista AP-7 incluida en el grupo Abertis, construirá el tercer carril de esta vía en los tramos que no dispongan del mismo en Tarragona y Girona. El presupuesto es de unos 500 millones de euros, con cargo a la empresa que explota la concesión, que sería compensada si al final del periodo no hubiera recuperado la inversión. Este es el contenido pactado entre ACESA y los gobiernos central y autónomo, según una respuesta del Gobierno al diputado de CiU Josep Rull.

El acuerdo es, fundamentalmente, entre el Gobierno central y la concesionaria, ya que se trata de una vía dependiente del Ministerio de Fomento. Aunque no está aún firmado, está ya "prácticamente listo", informan fuentes conocedoras de la negociación.

Tan listo está que la reunión de la comisión sobre peajes creada por el Parlament de Catalunya, prevista para finales del verano, no ha sido convocada, a la espera de hacerlo cuando se pueda dar ya la información precisa sobre los acuerdos al respecto.

De todo lo que se espera del Gobierno central, lo más verde es la creación de un fondo que permita el rescate de algunos peajes y el equilibrio general del sistema. El Parlament aprobó un proyecto de ley al respecto y lo remitió al Congreso, que es el que debe aprobarlo. Pero se halla en lista de espera y con al menos otras siete iniciativas de la propia Cámara por delante. El reglamento del Congreso señala el orden y éste, salvo acuerdo explícito al respecto, no puede ser alterado. Esto hace que no esté previsto que los diputados discutan la cuestión antes de ocho meses, que bien pueden ser más.

Peaje de Mollet

Este fondo era la clave de la bóveda del edificio general del sistema de peajes en Cataluña. Mientras esté frenado, lo que cabe son parches provisionales. Uno de ellos, acordado por la propia comisión del Parlament, es el peaje de Mollet. El acuerdo alcanzado es que se suprima el pago, pero no de forma universal. Es decir, no se elimina la barrera, sino que se exime del pago a los residentes en la zona que dispongan de tarjeta teletac. De hecho, estas personas ya pagaban ahora una parte menos, la correspondiente a la parte de la concesión que depende del Gobierno catalán, pero tenían que abonar la parte correspondiente al Ejecutivo central, que es tres veces superior.

El acuerdo sobre la ampliación a tres carriles en los tramos que aún no disponen del tercero en Girona y Tarragona fue alcanzado hace tiempo, pero estaba pendiente del informe preceptivo del Ministerio de Economía ya que la concesionaria deseaba una cláusula de salvaguarda para el caso de que se produzca "una rotura del equilibrio económico" de la concesión por la parte de la empresa. Es decir, ACESA asume el coste de la obra y cuenta con resarcirse de la inversión con el aumento del tráfico que se genere, pero se reserva la posibilidad de ser compensada si el incremento no basta para cubrir el coste de la obra. No hay ninguna caución para el caso de que la inversión genere un beneficio mucho mayor que la inversión que se realice.

El retraso en la convocatoria de la comisión de peajes de Parlament había provocado la incomodidad de la oposición, que se había comprometido a no presentar iniciativas parlamentarias a cambio de la agilidad y el buen funcionamiento de la misma, temía que el paso del tiempo no solucionara el problema y, además, el pacto les mantuviera sin capacidad de movimiento frente al Gobierno.