La oportunidad perdida

Superado el ecuador de la legislatura, la leal oposición del Sr. Pla parece tener los ojos más puestos en las estrategias electorales que en resolver los verdaderos problemas de los valencianos. Cuando los dirigentes del PSPV-PSOE, encabezados por las viejas glorias del partido, y su recuperado equipo de veteranos propagandistas, rechazan el pacto ofrecido por el presidente Camps para consensuar el modelo territorial de las próximas décadas, colocan a sus alcaldes y concejales ante la difícil tesitura del no pero sí.

Los modelos de planificación territorial existentes hasta hace muy poco en Europa han padecido las consecuencias de un cambio de modelo social, económico y medioambiental. La legislación de los ochenta había quedado superada por una nueva realidad. El modelo de crecimiento centro-periferia, y su zonificación típica de la sociedad industrial ha dado paso a nuevos espacios focalizados alrededor de grandes ejes o nudos de comunicación y a una mayor diseminación urbanística. Esta nueva situación, común a la mayoría de las urbes avanzadas de Europa, ha recibido entre nosotros una atención especial por parte del Gobierno valenciano.

Ante dicha situación optamos, ya en su momento, por un desarrollo sostenible de nuestro territorio. Hemos negociado sus bases y la legislación con la sociedad civil; hemos reiterado el interés por llegar a puntos de encuentro con la oposición política en las Cortes Valencianas y hemos alcanzado infinidad de acuerdos con la oposición política en los ayuntamientos, aunque para ello haya habido que corregir sus dislates. La tónica del no pero sí de los socialistas, ha sido una constante durante lo que llevamos de legislatura. Negativa de la dirección socialista a alcanzar acuerdos en las Cortes Valencianas y, por el contrario, mostrar su apoyo en los ayuntamientos. De este modo, nos encontramos con la paradoja del ataque frontal a las leyes referidas al territorio y solicitud a bombo y platillo de moratorias urbanísticas, y presentación por parte de los ayuntamientos socialistas de planes de actuación en los municipios donde gobiernan incluida su costa.

Alguien tenía que poner orden ante tanta imprudencia y falta de rigor político en este agit-prop de veteranos propagandistas que dejaba las más de las veces a los alcaldes socialistas con las vergüenzas al aire, y en otros casos son éstos quienes afean a los Burriel, Signes o Pla su incapacidad para alcanzar los mismos acuerdos que ellos acaban de firmar con el gobierno.

La estrategia del no pero sí empieza a resquebrajarse. Son -somos- muchos los que no entendemos la contradicción continua entre las palabras y los hechos. Pues a los hechos de Moncofa o El Puig me refiero, donde el PSPV tiene el bastón de mando, por no hablar de Rabasa o ahora Cabanes y Oropesa, donde Burriel, Pla o Isabel Escudero contradicen en todo a sus alcaldes y concejales. A sus concejales y a la dirección comarcal del PSPV. Nadie entiende -entendemos- cómo ante tantas vías de agua abiertas, el secretario de los socialistas valencianos continúa sin abrir la boca y haya perdido la oportunidad de sentarse a negociar un proyecto de futuro. Emular al Dr. Jekyll y Mr. Hyde tiene sus consecuencias, las más de las veces negativas. Las primeras ya se han visto. Los concejales y alcaldes socialistas, ante el atrincheramiento negativista de la cúpula socialista, rechazan la posición de unos dirigentes rehenes de un más que previsible pacto de oposición con EU-Bloc-ERC.

De este modo llegamos al tuétano del asunto. ¿Qué debía hacer un gobierno responsable? ¿Dejar desangrarse a una oposición que, aun en su irresponsabilidad, es necesaria para el buen funcionamiento de las instituciones? ¿O actuar con mesura y diligencia política, y buscar pactos allá donde el no pero sí podía conducir a un callejón sin salida?

Así surgió el pacto del Estatuto. Poco después y con un año de retraso Pla estampaba su firma en el documento que había rechazado después de acordado con el gobierno, la FVMP y la Cierval. En este mismo contexto surge la oferta de pacto territorial planteada por el presidente Camps. La respuesta no se ha hecho esperar: como tromba de agua otoñal, zahoríes de la política, directores de departamentos de comunicación o fabulistas de equívocos, han puesto voz de coro al vicariato de Blanquerías.

Pero vayamos al pacto. Durante los dos últimos años, la Conselleria de Territorio y Vivienda ha trabajado en la redacción de la nueva ley, se han adelantado sus líneas maestras y hasta sus detalles, se ha consultado con los expertos y con los interesados, ha habido infinidad de contactos con todas las instancias, desde la Unión Europea hasta las asociaciones más beligerantes con la LRAU socialista. Y tras este período de encuentros y esfuerzos, con un texto que concita muchos acuerdos y que debe sentar una parte importante de nuestro desarrollo territorial en los próximos años, el gobierno de la Generalitat plantea un gran pacto político a las fuerzas políticas con representación parlamentaria. Un pacto basado en la sostenibilidad del territorio, en el incremento de la protección de nuestro territorio, en su mejora y en el fortalecimiento de una norma que, de llegar a un acuerdo, hubiese quedado fuera de la disputa política a la que pueden ser tan sensibles algunos sectores económicos y ecologistas. ¿Dónde radica la maldad del modelo? Alguien debería decirnos si también hemos de esperar como ocurrió con el pacto de los residuos. Corifeos no les faltarán.

La responsabilidad política, sin embargo, va más allá. Es responsable políticamente quien ofrece un pacto después de que en el período 1995-2004 se ha multiplicado por tres la protección de la costa y se han cuadruplicado los ecosistemas costeros. Cuando las 73.185 hectáreas protegidas de 1995 (un 3,15% del territorio) han pasado a ser 660.782 (un 28,41%). Cuando a la inexistencia de los parajes naturales del 95 se han sumado 18 nuevos espacios (6.171 hectáreas) que alcanzarán los treinta a final de año. Cuando la red de parques naturales de la Comunidad Valenciana ha incrementado en siete sus declaraciones, los mismos que tiene el País Vasco en su conjunto. Cuando 48 zonas húmedas han entrado a formar parte de la Red Natura 2000 y de este modo tienen asegurada su protección. Como la canción, "Dime cuándo, cuándo, cuándo", acabará esa afonía... ante estas cifras. Es una irresponsabilidad callar esta realidad y tomar las de villadiego, sin ni siquiera sentarse a conversar.

Y mientras, otros, cogiendo el rábano por las hojas, traten de esconder la falta de argumentos y de propuestas (no solo urbanísticas, sino medioambientales, ¿recuerda el PSPV, las 130.000 hectáreas que se quemaban en 1994?), modulando los silencios o elevando el volumen según las necesidades como marcan los cánones del agit-prop de manual.

En el PSPV las aguas cada vez bajan más revueltas. Las torrenteras empiezan a llenarse demasiado aprisa, mientras Pla otea la salida del sol por Antequera, rehén de sus futuros socios de oposición y de una guardia pretoriana presidida por un Burriel y un Signes, cuyas triquiñuelas no alcanzan a traspasar la puerta de salida a Blanquerías. Y cuando logran franquearlas se diluyen en la atmósfera.

Cristina Serrano es secretaria autonómica de la Consejería de Territorio y Vivienda.