"La limpieza no está reñida con las medallas"

El Gobierno aprobó el pasado viernes un proyecto de ley contra el dopaje. Para Jaime Lissavetzky (27 de septiembre de 1951, Madrid), secretario de Estado para el Deporte y principal impulsor del proyecto, se trata de una medida imprescindible para proteger la salud de los propios deportistas y que haya juego limpio.

Pregunta. ¿Qué trascendencia tiene esta ley en un mundo en el que el dopaje parece incontrolable?

Respuesta. El objetivo es doble: proteger al deporte para que haya juego limpio y proteger la salud de los deportistas; no sólo de los profesionales, sino también de los ciudadanos que practican el deporte. En los últimos años ha habido una reflexión mundial muy importante sobre el dopaje y sus consecuencias, y también sobre la manera de atacar esta lacra. Muchos gobiernos se han puesto las pilas para estar a la altura del desafío. Esta ley responde a ese reto.

"La federación de fútbol quería rebajar a seis meses la sanción para los jugadores, pero nos hemos negado"

"El objetivo de la ley antidopaje es doble: proteger al deporte y la salud de los deportistas"

"Me opongo a la idea de que el vínculo con el CSD socave la independencia de la Agencia Antidopaje"

"Mi preocupación se debía a la facilidad con la que se tenía acceso a los productos relacionados con el dopaje"

P. Tras la aprobación del proyecto por el Consejo de Ministros, dijo que España ha sido un país permisivo con el dopaje. ¿Por qué ha sucedido?

R. Me referí concretamente a la adquisición de productos relacionados con el dopaje. Se llegó a decir en ciertos círculos que España era un paraíso para la venta de sustancias prohibidas. Con respecto a los resultados de los análisis antidopaje, el número de positivos está en la media europea: del 1,5% al 2% de positivos en los controles de los laboratorios. Mi preocupación se debía a la facilidad con la que se tenía acceso a estos productos. Ya antes de la aprobación del proyecto se habían tomado medidas, como la prohibición de vender la hormona del crecimiento en las farmacias, a raíz de las informaciones de la Agencia Española del Medicamento, que había descubierto un incremento sospechoso en la venta de este producto. Hay que tener en cuenta que cada dosis de hormona del crecimiento cuesta entre 450 y 600 euros.

P. De sus palabras se podía deducir una crítica a sus predecesores al frente del deporte español.

R. Cuando tomé posesión, dije que no quería mirar atrás, que sólo quería mirar hacia el futuro. El sistema español ha funcionado bien desde que entró en vigor la Ley del Deporte, en 1990, pero también es cierto que han pasado 15 años y que es necesario reformar bastantes cosas. No voy a poner nota a los que me precedieron.

P. La ley también se denomina de protección de la salud, terreno en el que España ha desarrollado un trabajo inferior a otros países europeos. En la ley se habla de reconocimientos médicos, pero en plan genérico.

R. Estamos hablando de un proyecto de ley que tiene aspectos generales. Luego, vendrá el desarrollo. Se ha redactado ya uno de los primeros decretos, que aparecerá con la creación de la Comisión de Salud y Dopaje. No podemos presionar en la lucha contra el dopaje y olvidarnos de otro apartado sustancial: el control de la práctica deportiva. Se producen casos lamentables de desgracias, como las muertes súbitas entre gente que practica el deporte fuera de la esfera profesional y a veces por falta de control. Es cierto que muchas de las competencias se han transferido a las comunidades autónomas, pero el Consejo Superior de Deportes (CSD) tiene que ejercer el liderazgo en este terreno.

P. La ley tiene previsto la creación de la Agencia Española Antidopaje, el organismo central en la lucha contra la droga en el deporte. La agencia dependerá del CSD, relación que no existe en algunos países. ¿No pone en peligro la independencia del nuevo organismo? ¿No puede haber fricciones entre la búsqueda del éxito del deporte español y el control del dopaje?

R. En España tenemos un régimen disciplinario de carácter público. Nos corresponde ser garantes de lo público. En este sentido, el Gobierno ha aprobado un proyecto de creación de agencias estatales. Tendrán un acreditado rango de autonomía, pero también deberán ser controladas. ¿Por qué? Porque aquí funcionan con dinero público. No renuncio a que la Agencia Antidopaje pueda recaudar dinero a través del patrocinio, pero la realidad es que las subvenciones a estas agencias dependen del dinero público. Y me opongo a la idea de que el vínculo con el CSD socave la independencia de la Agencia. No creo que se dude de la de la Agencia de Protección de Datos, cuyos presupuestos tienen que ser aprobados en las Cortes, porque dependa del Ministerio de Justicia.

P. El poder sancionador seguirá en las federaciones, en las que a veces se asiste a trámites sinuosos en los casos del control del dopaje y los positivos que se detectan.

R. La Agencia Antidopaje podrá recurrir cualquier decisión que tome otro organismo, incluidas las federaciones. Uno de los problemas es el retraso en el proceso sancionador. Los expedientes no podrán demorarse más de dos meses en los órganos federativos. Si al cabo de ese tiempo no se ha emitido un fallo, el expediente se llevará a la nueva Comisión de Salud. Y la Agencia tendrá todavía la potestad de presentar una solicitud de revisión ante el Comité Español de Disciplina Deportiva tanto de los fallos emitidos por las federaciones como por la Comisión de Salud.

P. A veces da la impresión de que el fútbol camina por senderos diferentes. ¿Cuántos controles se hacen ahora por cada partido?

R. Ha habido una jornada de Liga esta temporada en la que se han hecho por primera vez controles a todos los equipos en Primera División, dos jugadores de cada uno, dentro de una línea muy clara: las sanciones por los positivos serán las mismas para los futbolistas que para el resto de los deportistas, dos años. Nos hemos negado a una propuesta de la federación para rebajarlas a seis meses. Por supuesto, hay un problema de financiación. Los controles son caros. De ahí que en la ley se hable explícitamente de los temas de financiación. La financiación de los controles debe aportarse entre la federación correspondiente y la Liga de Fútbol Profesional, puesto que nos referimos al fútbol en este caso. Si no hay acuerdo entre ellos, se financiará al 50% entre las dos partes.

P. En Francia, el juez del caso Cofidis, un equipo ciclista, se ha quejado de muchas carencias en la instrucción del proceso. En buena parte, por la poca importancia que se da al problema del dopaje fuera de los grandes titulares periodísticos. ¿Habrá medios y voluntad política en España para afrontar este problema con contundencia?

R. Sí. Creo que hay preocupación social. En una encuesta del CIS, el 75% de los encuestados ha considerado que el dopaje es un problema grave o muy grave en la sociedad española. El 48% creía que afectaba a otras áreas, como los gimnasios y otros establecimientos deportivos. En el plan de lucha contra el dopaje se habla de un grupo específico de intervención policial y una unidad también específica dentro de la fiscalía. Ya se han producido resultados, como la Operación Mamut, en la que se han encontrado laboratorios ilegales que hacían 10.000 dosis de medicamentos falsificados cada hora y media. Es un negocio brutal y la actuación de la fiscalía es extraordinariamente necesaria.

P. El deporte, a los ojos de la sociedad, también mide el éxito de un país. ¿Hasta qué punto es posible el éxito y la limpieza en la alta competición?

R. A través de la investigación científica y el máximo aprovechamiento del conocimiento de los entrenadores y unas buenas infraestructuras deportivas. Es necesario generar nuevas líneas de investigación en el deporte. Este año se ha aprobado por primera vez, a través del CSD, una acción estratégica de I+D en el deporte, con una dotación cercana a tres millones de euros.

P. ¿Aceptaría una reducción del 50% de las medallas a cambio de la limpieza total y soportar las críticas?

R. La limpieza no está reñida con la obtención de medallas. Entre limpieza y medallas, prefiero la limpieza. Nuestro objetivo es crear un sistema adecuado para que los deportistas obtengan los mejores resultados sin renunciar a la limpieza. Mi obligación era conseguir un ADO como el actual con un incremento del 31,5% y 54 millones de euros. Luego, llega la hora de los especialistas y los deportistas.

P. ¿Se fía de las federaciones en la lucha contra el dopaje?

R. Parto de una relación de confianza, pero el CSD también tiene mecanismos de control. La realidad es que todos los deportistas que fueron a Atenas pasaron al menos dos controles antes de ir a los Juegos. El número de controles por sorpresa es ahora, aproximadamente, el 50% del total. Creo que es un índice de confianza en las federaciones.

P. La elección del nuevo presidente del Comité Olímpico Español ha dado la victoria al poder federativo a través de Alejandro Blanco, dirigente del yudo. ¿Se siente rodeado por las federaciones?

R. El proceso electoral ha respondido a la normalidad democrática. No me siento cercado. Creo en la distribución de competencias. Las competencias del CSD están muy claras. Las del COE, también. Es la conexión del movimiento olímpico internacional con España. Cada uno tiene sus atribuciones. Mi sintonía con Alejandro Blanco ha sido buena hasta ahora y creo que así continuará.

P. Cercanos al nuevo poder en el COE se encuentran dos antiguos secretarios de Estado para el Deporte: Pedro Antonio Martín Marín y Rafael Cortés Elvira. ¿Le inquieta esta cercanía?

R. Sólo puedo decir que, cuando deje de ser secretario de Estado, me alejaré del deporte. Lo seguiré como aficionado.