¡Desdichada República!

Hay regímenes políticos -como sucede con las personas- que nacen con estrella y otros que lo hacen estrellados. A este segundo grupo pertenece la II República española, así como todos sus defensores.

Repasemos brevemente su desgraciada historia. La República viene al mundo a destiempo. Su liberalismo democrático con afanes de reforma social choca con una serie de obstáculos internos y externos. En el interior ha de enfrentarse a los extremistas de derecha e izquierda; los primeros la tachan de revolucionaria, los segundos de timidez o de tibieza en sus objetivos de cambio. En el exterior es el momento de la gran depresión, de la más grave crisis económica del capitalismo, del paro, de los totalitarismos de derecha e izquierda. Nadie da un duro por la democracia parlamentaria. En muchos países europeos se implantan sistemas autoritarios y la Iglesia, temerosa del comunismo, coquetea con Hitler y Mussolini con la firma de sendos concordatos que, objetivamente, les sirven de respaldo. Las agresiones de los grandes países no son sancionadas: Japón e Italia invaden tranquilamente Manchuria y Abisinia, sin mayores protestas.

Es intención del Gobierno resolver definitivamente los efectos de la Guerra Civil aún no reparados

Cuando se produce en España la sublevación de 1936, Alemania, Italia, Portugal y el Marruecos bajo protección española intervienen a favor de los rebeldes, mientras que Francia, Inglaterra y la Sociedad de Naciones -las dos primeras, con olvido incluso de sus intereses militares- cobardemente miran hacia otro lado. La República nunca es reconocida, como lo que era, el Gobierno legal y legítimo de España.

Derrotada aquélla en el campo de batalla, los republicanos son objeto en sus personas de la represión interna más terrible ocurrida en el Occidente europeo en la edad contemporánea. Eran la anti-España.

La victoria de los aliados en la II Guerra Mundial, en la que no faltó la colaboración de los republicanos españoles, no va seguida, como parecía natural, de la caída de Franco por su condición de protegido de los perdedores. La lógica y las necesidades de la guerra fría se imponen y los sacrificados, otra vez, son los republicanos españoles, que deberán esperar a la muerte del Caudillo.

Cuando ésta se produce, la renuncia a la República como sistema político, forma parte de la transición. Los republicanos, con todo, alcanzan una reparación parcial. La total ha de aguardar tiempos mejores que todavía no han llegado, aunque el actual Gobierno, con acierto, está en ello, pero no sin resistencias. Ha bastado con el anuncio del proyecto para la aparición de éstas.

Los adversarios de este reconocimiento, tan justo como tardío, argumentan, como siempre, que no es prudente hacerlo y que hay que asumir las injusticias causadas como parte de nuestro patrimonio histórico. En suma, que los republicanos han de seguir aguardando hasta que reine, se dice, "la objetividad" y hayan muerto todos los implicados en la Guerra Civil. O sea, para unos respeto exquisito, para otros desconocimiento de sus derechos hasta no se sabe cuándo. ¿Qué tiene que ver esta rehabilitación con revanchas y venganzas personales relacionadas con hechos ocurridos durante la guerra o la posguerra? Razonablemente, nada. Se trata, afortunadamente, de dos cuestiones distintas. Esta revisión y la paz civil son compatibles para las personas de buena voluntad.

Todo parece indicar que la intención del actual Gobierno de resolver definitivamente los efectos de la Guerra Civil aún no reparados y que afectan a todos los implicados está sufriendouna lentificación debido a estas resistencias que, incluso, buscan su apoyo en un supuesto compromiso de alto nivel de "que a los Franco no les pasaría nada" después del cambio de régimen. Bien, nada que objetar, con o sin ese compromiso que bien puede ser cumplido sin necesidad de mermar los legítimos derechos de los antiguos republicanos. Si se cede ante esas resistencias, estaremos ante una nueva postergación de aquéllos, que no es ni justa ni necesaria.

La prudencia y la delicadeza son unas excelentes virtudes, pero a condición de que no sean empleadas como coartada para no reparar, ya, la dignidad y restituir la memoria histórica a quienes sufrieron por defender unos valores que hoy disfrutamos en nuestra sociedad democrática. Así, no vale.

Ángel García Fontanet es magistrado emérito jubilado y presidente de la Fundación Pi i Sunyer.