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Editorial:

Dejar de no ver

El Gobierno catalán ha promovido una regulación legal de la prostitución que evite la explotación de las mujeres que se dedican a ella. El problema es bien real, aunque se tienda a ignorarlo. En España hay unas 300.000 mujeres que ejercen la prostitución, y más de 600.000 españoles mayores de 18 años reconocen recurrir a sus servicios con frecuencia.

El fenómeno está adquiriendo niveles de sordidez, explotación y humillación que permite hablar de esclavitud encubierta. Miles de extranjeras son obligadas a prostituirse en condiciones de sometimiento y vejación por bandas criminales que las han secuestrado en sus países y las tienen prisioneras de sus redes. El hecho de que sean muy pocas las que se acogen a la posibilidad legal de obtener la residencia legal si denuncian esas redes indica el insoportable nivel de coacción a que son sometidas.

Se plantean dos opciones, ambas con argumentos sólidos, de acuerdo con los dos modelos hasta ahora probados: el sueco, que prohíbe la prostitución y castiga con penas de hasta seis meses de cárcel la compra de servicios sexuales (no la venta), y el holandés, que ha regulado las condiciones socio-laborales en que puede ejercerse. Los grupos prohibicionistas argumentan que legalizar la prostitución significa legalizar la violencia contra las mujeres. Tienen razón en la medida

que sólo el 5% de las que la ejercen lo hacen voluntariamente.

Pero no está claro que la opción prohibicionista tuviera los efectos deseados. Seguramente la prostitución disminuiría, como ha ocurrido en Suecia, pero es muy posible que creciera una práctica clandestina con efectos tan perniciosos o más que los de la actual alegalidad. Quizá fuera más adecuado intentar encontrar un punto alcanzable, lo más cercano posible al objetivo de la erradicación. De acuerdo con una sentencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo de 2001, que reconoció la prostitución como una "actividad económica" siempre que se ejerza por cuenta propia, una eventual regulación legal debería garantizar la total libertad de las mujeres, de manera que su ejercicio no sea en ningún caso forzado; impedir el aprovechamiento por parte de terceros de esta actividad y endurecer las penas con que se castiga a los proxenetas. Y no debería permitirse en las calles, como no se permiten otras muchas actividades.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 3 de octubre de 2005