El exceso de obra del Atrium que quedará en pie vale el doble de la sanción impuesta por el Consell

La ilegalidad urbanística del hotel Atrium Beach, levantado en la cala de Finestrat, en primera línea de costa de La Vila Joiosa, arroja un balance positivo desde el plano de la estricta rentabilidad para el promotor, el empresario de Benidorm Francisco García. Y todo a pesar del derribo parcial del exceso de obra decretado por el Consell y la multa de 12 millones de euros. El complejo excede en 53.000 metros cuadrados la volumetría autorizada por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en esa zona de La Vila, pero el promotor sólo tendrá de demoler 14.470 metros cuadrados.

El valor de 38.530 metros cuadrados en apartamentos alcanza los 140 millones

Una simple operación aritmética constata que el empresario ha salvado de la piqueta otros 38.550 metros. El coste medio, según cálculos de expertos del sector, del metro construido en la zona es de unos 720 euros, y el empresario los recupera por 311 euros (resultado de dividir la multa por el total de obra ilegal que permanecerá en pie), a mucho menos de la mitad.

Las proyecciones de los expertos a los que este periódico ha solicitado su opinión aseguran que en el mercado inmobiliario el metro cuadrado de la vivienda, en primera línea de la playa de La Vila Joiosa, ronda los 3.600 euros. La cifra se refiere a vivienda residencial, esencialmente apartamentos. En este apartado, la extrapolación resulta más arriesgada ya que el promotor ha construido un hotel y, por tanto, su expectativa de negocio es a largo plazo y más difícil de precisar que si se tratase de una torre de apartamentos para la venta directa recién terminada la obra. En todo caso, el valor de esos 38.530 metros cuadrados, trasladados a apartamentos, supera los 140 millones de euros.

La promotora del Atrium, la mercantil Hotel Luna SA, discrepa de esta extrapolación al mantener que el hotel se empezó a construir hace siete años, momento en el que los precios tanto de construcción como a la venta eran distintos a los actuales. La promotora insiste que la decisión del Consell ha supuesto unos 50 millones de pérdidas. En este capítulo, el empresario incluye el valor de las parcelas cedidas al Ayuntamiento (21.000 metros cuadrados), las aportaciones a las arcas municipales para ejecutar obras públicas en La Cala por 1,5 millones, la multa de 12 millones impuesta por el Consell, dos años de paralización de las obras con un coste aproximado de 5 millones, e indemnizaciones a contratistas, costes legales, lucro cesante y costes de la demolición.

La orden del Consell sólo recoge que se han de demoler 14.470 metros cuadrados, pero sin precisar en que sentido. El hotel cuenta en la actualidad con 22 plantas consolidadas. Los 53.000 metros de exceso de volumetría equivaldrían a 11 alturas, y los 14.470 a algo más de 4 plantas. La promotora ha desechado una demolición en vertical, alegando que la demolición de más de dos plantas, pondrían en riesgo la estabilidad global de la edificación al modificarse el centro sísmico. Por tanto, el empresario podría deshacerse de los 14.470 metros a base de eliminar, en cualquiera de las plantas, habitaciones, cerramientos o simplemente terrazas, y mantener intacta la altura del inmueble.

El Consell cerró el pasado 23 de septiembre el expediente por infracción urbanística al promotor Atrium Beach, justamente dos años después de que sendos accidentes laborales destaparan la ilegalidad de las obras. El acuerdo final del Ejecutivo valenciano, a propuesta de la Consejería de Territorio y Vivienda, modificó al alza, prácticamente duplicó, la propuesta inicial de demolición pactada entre la promotora y el equipo de gobierno de La Vila, que presidente José Miguel Llorca, del PP. La resolución no recoge nada relacionado con las propuestas de sanción, también incluidas en el expediente, al constructor y al equipo de arquitectos redactor del proyecto.

El titular de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco, elevó el acuerdo final sobre el ilegal Atrium Beach a la categoría de referente "del compromiso del Consell con el principio de tolerancia cero ante una infracción urbanística". Blasco reiteró que la demolición acordada "es el máximo que, técnica y legalmente, son posibles" y, al mismo tiempo, destacó, la envergadura de la multa, "la mayor sanción por infracción urbanística en la Comunidad Valenciana", puntualizó. La oposición, en especial el PSPV, difirió de ese análisis y aseguró que el acuerdo del Consell no "restituye la legalidad urbanística". "Es un ejemplo, en todo caso, de tolerancia urbanística a la carta", respondió Francisco Signes, secretario de Medio Ambiente de la ejecutiva nacional del PSPV.