Varias comunidades gobernadas por el PP rechazan el proyecto

Varias comunidades gobernadas por el PP expresaron ayer su malestar tras la aprobación del Estatuto catalán. El Gobierno de Baleares ofreció la crítica más tibia, no llegó a censurar el proyecto; pero dejó clara su exigencia de que su comunidad, que ya ha iniciado la reforma de su Estatuto, tenga la misma financiación que la pretendida por los catalanes. "Queremos el mismo trato", afirmó el presidente balear, Jaume Matas.

Tenor muy distinto tuvieron las palabras de los presidentes de los Gobiernos de la Comunidad Valenciana y de Castilla y León. El castellano Juan Vicente Herrera manifestó su convicción de que el proyecto catalán es "insostenible" desde el punto de vista constitucional. Herrera consideró "extraordinariamente ofensivo" que Maragall hubiera dicho que las comunidades menos desarrolladas han de acostumbrarse a "volar solas", y calificó como "insolidario" el modelo de financiación que contiene la reforma catalana. El modelo de financiación fue precisamente el eje de las críticas del valenciano Francisco Camps, quien rechazó de plano que la reforma tenga "nada que ver" con la que está en curso en su comunidad.

Sin rechazar la totalidad del proyecto, el presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, del PSOE, señaló: "Desde mi punto de vista, hay cosas que son inconstitucionales", y puso como ejemplo el sistema de financiación. Por su parte, el presidente gallego, el socialista Emilio Pérez Touriño, indicó que "es el momento de hacer compatible la defensa del interés general con la autonomía de Cataluña". Añadió que "sobra el alarmismo" y pidió un voto de confianza "a las instituciones democráticas".