"El territorio es de todos y mantener un crecimiento racional es una obligación"

Fabián Llisterri (Valencia, 1946) es decano del Colegio de Arquitectos de la Comunidad Valenciana desde 2003. Desde la institución apuesta por un crecimiento ordenado y sostenible: "Me gustaría mucho que fuéramos todos capaces de establecer serenamente un modelo de ciudad, de país", declara este arquitecto en una entrevista con cuestionario previo realizada antes del debate de política general de las Cortes Valencianas.

Pregunta. En una carta a los arquitectos de la Comunidad Valenciana anunció acciones en apoyo del restablecimiento de la racionalidad urbanística en nuestro territorio. ¿Por qué se embarca en algo así?

Respuesta. Vivimos un episodio decisivo desde el punto de vista urbanístico que puede tener consecuencias, no sólo para la conservación y sostenibilidad del territorio, sino para la calidad de vida de la gente. Para la mayoría de los ciudadanos se trata de la aparición de unas siglas extrañas: PAI, de las que se habla en los periódicos, que suponen la construcción de miles de viviendas difíciles de imaginar mentalmente, de docenas de campos de golf, la urbanización de millones de metros cuadrados... Habría que explicar lo que todo eso supone para el futuro de nuestro territorio y cómo nos afectará.

"El planeamiento y la gestión del territorio no puede ser competencia casi exclusiva de los promotores como lo está siendo"

"Los que ostentan el poder tienen la obligación de mantener y hacer mantener los criterios éticos"

P. ¿Qué está haciendo el colegio en estos momentos? ¿No temen verse desbordados?

R. No es un temor, es una realidad. La avalancha de PAI ha venido muy deprisa y ha habido que organizar la respuesta del colegio prácticamente desde cero. Por ahora se han hecho alegaciones genéricas a un determinado número de municipios reclamando que los PAI se supediten al planeamiento general. En el caso de Rabassa, y dada la importancia del tema, se han presentado unas alegaciones mucho más concretas que ya son conocidas. El Colegio Territorial [de Arquitectos] de Valencia también ha presentado alegaciones a los planes de la Bega de Cullera, Vila-marxant, Catarroja, Riba-roja, Manises y La Torre en Valencia. Vamos a empezar a estudiar los casos de Tavernes, Porxinos, Elda en Alicante y a hacer una revisión de todo lo presentado en la provincia de Castellón.

No son nombres definitivos, pueden variar, pero estamos trabajando deprisa para poder llegar a dar una respuesta homogénea en toda la Comunidad Valenciana. Por otra parte, hemos recibido llamadas y algún escrito de grupos de vecinos y afectados por PAI que nos piden apoyo. Creo que estamos todos en el mismo barco. Es posible que en este momento nos convirtamos en una cierta referencia institucional en los temas de urbanismo, tendría lógica y, desde luego, no vamos a eludir esa responsabilidad. Como ya dije queremos hacerlo con ecuanimidad y rigor. No hay que olvidar además que el Colegio de Arquitectos es, e insisto en esto, absolutamente independiente.

P. ¿Qué opina de la política urbanística que se está llevando en la Comunidad Valenciana? ¿Cómo estamos con respecto al resto de España?

R. Es evidente que si la situación actual continuara acabaríamos con el territorio. El ritmo de crecimiento actual no es sostenible. Nuestra política urbanística es una excepción única en España. La situación que se da aquí no existe en ninguna otra comunidad autónoma.

P. ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene seguir a este ritmo?

R. Ventajas ninguna, inconvenientes todos. De no cambiar las cosas, acabaríamos con el territorio, de hecho, en muchas zonas ya queda muy poco o nada. Ante esta situación, son los poderes públicos los que tienen la obligación de poner orden. El territorio es de todos y el mantener un crecimiento racional es una obligación con las generaciones futuras. De no cambiar las cosas, seremos juzgados con dureza por los valencianos del futuro.

P. Parece que el modelo urbanístico, a diferencia de otras áreas de la política, no diferencia tanto a unos partidos de otros. Estamos viendo los casos de Rabassa, Elda, Cabanes y Oropesa, donde los partidos mayoritarios apoyan estos macroproyectos. EU y el Bloc tampoco ¿Qué le pide a los políticos?

R. Habría mucho que hablar de la política y de los políticos. En primer lugar, habría que recordar que están al servicio de los ciudadanos, que están a sueldo del contribuyente y que tienen que conformarse con ese sueldo. También les recordaría que tienen que dar cuenta verazmente de su gestión, urbanística, económica, etc. Lo que muchas veces se transmite a los ciudadanos es humo, una "realidad virtual" que no existe, que siempre aparece como estupenda aunque andemos con el agua al cuello y endeudados hasta las cejas. Todo eso confunde y, en cierto modo, podría entenderse como una manipulación de la opinión pública. Creo que es imprescindible cumplir lo que se promete en los programas electorales, hay que dar a la ética en la vida pública el valor que tiene y para ello hay que predicar desde arriba. Los que ostentan el poder tienen la obligación de mantener y hacer mantener criterios éticos.

P. El consejero de Territorio, Rafael Blasco ofreció a los socialistas un pacto urbanístico. ¿Qué le parece?

R. Creo que Blasco lo ha ofrecido sabiendo a priori que es difícil. Si no estoy mal informado, el pacto incluye aceptar muchas condiciones que para el partido socialista son inaceptables.

P. ¿Están siendo respetuosos los promotores inmobiliarios con el territorio?

R. El planeamiento y la gestión del territorio no puede ser competencia casi exclusiva de los promotores como lo está siendo. La responsabilidad última es de la Administración, a todos los niveles, autonómico y municipal. No hay excusas, el resultado final es lo que importa, y si nuestro territorio queda dañado o destruido, habrá que exigir responsabilidades a la Administración, no a los promotores.