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El Consell busca un pacto urbanístico con el PSPV y ofrece revisar tres leyes

El PSPV estudiará la oferta pero opina que no se dan las condiciones exigidas por Pla

Los populares están dispuestos a negociar con los socialistas la Ley Urbanística Valenciana (LUV) para facilitar el pacto urbanístico que el presidente Francisco Camps reiteró al secretario general del PSPV, Joan Ignasi Pla, el pasado martes. El dirigente socialista exigió de antemano la retirada de la LUV y la negociación desde cero de un nuevo texto, así como la reforma sustancial de otras dos leyes aprobadas sólo por el PP esta legislatura. Los socialistas estudiarán la oferta de los populares, pero ayer la consideraron insuficiente. El PP no disimuló su prisa por alcanzar un pacto.

Los socialistas piden al PP que retire la LUV como condición para abrir la negociación
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Un pacto obligado

El portavoz del PP en las Cortes Valencianas, Serafín Castellano, trasladó el pasado miércoles a su homólogo socialista, Joan Ignasi Pla, en una conversación en el hemiciclo, que su grupo aceptaba sus condiciones para sentarse a negociar un gran pacto urbanístico y Pla respondió que si era así no había inconveniente en hablar. Hacía apenas unas horas -en la primera jornada del debate de política general- que Pla puso como condición sine qua non para cerrar un gran pacto urbanístico con el Consell la retirada del proyecto de la LUV, ahora en fase de enmiendas, y la reforma de las dos leyes urbanísticas aprobadas solo por el PP en esta legislatura: la LOT -Ley de Ordenación del Territorio- y la Ley del Suelo no Urbanizable (LSNU). Los socialistas están dispuestos a elaborar una nueva legislación urbanística tomando como base la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), en vigor desde hace 11 años, para poner freno a la ejecución de decenas de PAI ahora en trámite por insostenibles y pese al apoyo que concejales y alcaldes del partido están dando en estos momentos macroproyectos como los de Rabassa en Alicante o los del entorno de Mundo Ilusión en Cabanes y Oropesa.

Ayer, Castellano, en una conferencia de prensa, concretó la oferta de los populares. El portavoz del PP se mostró dispuesto a revisar "artículo por artículo" el proyecto de la LUV, no así a retirarlo, como exigen los socialistas, y a modificar las otras dos leyes urbanísticas ya aprobadas -LOT y LSNU-, aunque sin desarrollo reglamentario. Castellano se mostró dispuesto a modificar estos textos "si con ello se llega a un acuerdo global", dijo.

El parlamentario popular insistió en que "no hay limitaciones ni condiciones", ya que, según dijo, el PP está dispuesto a poner encima de la mesa "cualquier tipo de modificaciones o de reconsideraciones" o aceptar propuestas "razonables" que favorezcan un "gran acuerdo" con el principal partido de la oposición. Castellano metió varios grados de presión a su oferta cuando sentenció que todo este proceso se debe hacer "sin dilación, sin demoras".

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Antoni Such, portavoz adjunto del Grupo Socialista en las Cortes, respondió, tras conocer los detalles de la propuesta popular, que la retirada de la LUV es "indispensable". Castellano había explicado minutos antes que el plazo de enmiendas, prorrogado en ocho días a petición del PP, permitía sentarse a negociar sin necesidad de retirar el proyecto de ley de las Cortes. Según manifestó Such, este plazo es "insuficiente", pues, como matizó un dirigente socialista, el pacto implica un cambio de la política practicada hasta ahora por el Consell y no un simple retoque de leyes.

El portavoz socialista pidió una comunicación oficial de Castellano al secretario general del PSPV e incluso un gesto público del propio presidente de la Generalitat, Francisco Camps, para ratificar la propuesta y sus términos. "El PSPV esperará que el portavoz popular se dirija al secretario general socialista y le traslade que las condiciones que ha puesto son aceptadas", dijo el parlamentario. "No se trata de hablar con la soga al cuello", precisó, y defendió que resulta poco probable conseguir un acuerdo en materia de urbanismo en poco más de ocho días cuando existen "más de 90 PAI presentados" en la Comunidad Valenciana.

Such no ocultó su recelo hacia la oferta del PP, ya que aseguró que en estos momentos existen "dos facciones" enfrentadas en el PP que defienden posturas distintas respecto al pacto urbanístico, por lo que recomendó al portavoz popular que "ponga en orden y en vereda" a quienes intentan "boicotear" la posibilidad de un acuerdo.

La Federación de Promotores Inmobiliarios terció ayer en este toma y daca entre partidos y aplaudió la voluntad del socialista Pla de alcanzar un acuerdo sobre el futuro del urbanismo valenciano. Los promotores han recibido con "optimismo" las noticias sobre una posible voluntad de acuerdo que, "por otro lado, no ha abandonado nunca". Los promotores pidieron al PSPV que aborde este debate "desde posturas de madurez y responsabilidad políticas".

Por su parte, el portavoz de EU-L'Entesa, Joan Ribó, descalificó un pacto urbanístico que no contemple una moratoria. "Es un suicidio para el País Valenciano y para nuestro territorio", apostilló Ribó.

Urbanismo bajo observación

El urbanismo se ha convertido en un problema para el Gobierno que preside Francisco Camps. Durante el último año la reacción ciudadana a la presentación de decenas de PAI y a la reclasificación de suelo se ha intensificado.

De hecho, a la Unión Europea han llegado cientos de quejas por la aplicación de la LRAU, que, según los afectados, ha dejado desprotegidos a cientos de propietarios. Las denuncias llevaron al Parlamento Europeo a enviar dos delegaciones de eurodiputados a conocer de primera mano qué estaba sucediendo con el urbanismo en la Comunidad Valenciana. La última delegación, que visitó tierras valencianas hace tres meses, emplazó al equipo del consejero de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco, a introducir mejoras en el proyecto de la Ley Urbanística Valenciana (LUV) porque, en su redacción inicial, no resolvía los vacíos de la ley en vigor. Los europarlamentarios llegaron a aconsejar a Blasco que introdujese las sugerencias que el Síndic de Greuges incluyó en uno de sus informes sobre la cuestión.

Todos estos elementos han calado en el Consell y en las filas del PP, donde cada vez se alzan más voces que ven necesario un pacto a toda costa, pese a que las dos leyes urbanísticas aprobadas en esta legislatura se han aprobado con los únicos votos de los populares.

La dirección del PSPV-PSOE, crítica con la política del Consell en esta materia, se ha visto abocada también al pacto, pero no comparte la urgencia del Consell. Lo manifestó ayer un dirigente de Blanquerías (sede del partido de los socialistas valencianos): "No aceptaremos un acuerdo apresurado. O se parte de cero o nada".

Desde que Blasco ofertara a finales de agosto el acuerdo a los socialistas, se han multiplicado las informaciones en prensa sobre los proyectos urbanísticos que se están promoviendo en los Ayuntamientos gobernados por el PSPV-PSOE. A estas acusaciones, los socialistas han respondido que el responsable último de velar por la legalidad urbanística es el Consell.

Pero la presión para forzar un acuerdo no cede. El propio presidente Camps reiteró el martes en el hemiciclo de las Cortes Valencianas la oferta de pacto y ante las exigencias de Pla -retirar la LUV y reformar otras dos leyes-, la primera autoridad de la Comunidad Valenciana mostró un recorte de prensa donde se hablaba de los Ayuntamientos socialistas con proyectos urbanísticos en tramitación.

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