Las multas por vandalismo en Sevilla serán de hasta 3.000 euros

Prenderle fuego a un contenedor o arrancar una señal de tráfico ya no será gratis en Sevilla. La ordenanza contra el vandalismo que prepara el Ayuntamiento prevé sanciones de hasta 3.000 euros para quien dañe el mobiliario urbano, los edificios públicos y cualquier bien de propiedad municipal.

El infractor tendrá también que pagar la reparación de lo que haya roto o, si el daño es irreparable, su sustitución por uno nuevo.

La aprobación de una ordenanza municipal contra el vandalismo en Sevilla es una iniciativa del pasado mandato que, al final, quedó aparcada. Pero el aumento de actos vandálicos en los últimos meses ha llevado al gobierno a retomar esta idea como eje de otras actuaciones contra este fenómeno.

El Ayuntamiento ya ha anunciado su decisión de presentarse como acusación particular en las denuncias por vandalismo y de destinar más policías locales a controlar estos actos, que no se consideran delitos, sino faltas.

La ordenanza contra el vandalismo que prepara el gobierno de Monteseirín entrará en vigor la próxima primavera.La intención de aprobar una ordenanza al respecto, según anunció hace dos semanas el alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, es acabar con la "sensación de impunidad" que existe hoy hacia los autores de actos vandálicos. El borrador sobre el que trabajan ya varias delegaciones municipales define todas las conductas "antisociales" que degradan la ciudad y concreta las infracciones y sanciones correspondientes para cada una de ellas.

Según este texto, serán objeto de la nueva norma todos los bienes del Ayuntamiento (desde plazas, parques, puentes y aparcamientos a fuentes, estatuas, bancos, farolas, árboles, señales de tráfico y papeleras) así como todas las instalaciones y elementos que conforman el patrimonio urbanístico y arquitectónico de la ciudad (como museos, mercados, centros culturales, colegios públicos, instalaciones deportivas, cementerios). La ordenanza prohibirá toda acción que "desluzca, ensucie, produzca daños o sea susceptible de producirlos" en lugares de uso o servicio público. También prohíbe "terminantemente" la colocación de carteles y cualquier actividad publicitaria, en los lugares no autorizados expresamente por el Ayuntamiento, y de forma especial en aquellos edificios calificados de histórico-artísticos, en los edificios públicos y en el mobiliario urbano.

Los encargados de velar por su cumplimiento serán la Policía Local y un grupo de inspectores de las delegaciones afectadas y, a la hora de establecer las sanciones, según recoge el borrador, se tendrán en cuenta la cuantía del daño, el beneficio obtenido por el infractor, la reincidencia y sus circunstancias personales y económicas. En principio, la ordenanza distingue entre infracciones muy graves, graves y leves.

La norma define como acto vandálico la "destrucción o deterioro de los elementos e instalaciones del dominio público o que sean necesarios para la prestación de un servicio público", así como "los actos de gamberrismo que afecten a la normal convivencia, sea producido por culpa, dolo o negligencia". Todos ellos, según el texto, se consideran infracciones muy graves y podrán ser castigadas con multas de 1.500 a 3.000 euros.

Como infracciones graves, con sanciones previstas de 750 a 1.500 euros, se consideran los actos que impidan el buen funcionamiento de un servicio público cuando el daño no se considere muy grave (que no implique daño directo ni impida el normal funcionamiento de la instalación o el bien en cuestión). Asimismo, también se considerará autor de una infracción grave, a quien ensucie y haga pintadas o graffitis en cualquier espacio público. La consideración de infracciones leves se deja para los daños "no voluntarios", así como los ruidos "intempestivos", golpes y gritos que "alteren la paz ciudadana" o el hecho de entrar en los parques fuera del horario establecido. Cualquiera de estos actos podrá ser multado con entre uno y 750 euros.

La norma incluirá una disposición adicional que recogerá la posibilidad de que la ordenanza se complemente con un convenio con la Dirección General de Instituciones Penitenciarias que permita negociar el cumplimiento de penas de carácter social para los menores de edad. Así, los más jóvenes podrían solicitar la sustitución de su multa y de la reparación del objeto dañado por la realización de trabajos comunitarios.

Los técnicos de todas las áreas municipales implicadas en esta ordenanza (Patrimonio, Vía Pública, Instituto de Deportes, Fiestas Mayores, Gerencia de Urbanismo, Gobernación, las empresas Emasesa y Lipasam y los distritos municipales) debatirán el borrador hasta finales de año. La idea del gobierno es tramitar la norma en el primer trimestre de 2006 para que entre en vigor la próxima primavera,