Más transparencia

El Congreso ha admitido a trámite la propuesta de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para modificar la Ley Orgánica de Financiación de Partidos, vigente desde 1987 y que la gran mayoría de las formaciones políticas cree superada. Aznar prometió hacerlo, pero la idea se quedó en el cajón. El PSOE anunció al llegar al poder que lo haría y existe una proposición suya similar en espíritu a la de ERC. Pero han sido al final los independentistas catalanes, imbuidos por la lógica política de sentirse víctimas de la actual norma, quienes han dado el paso.

Esquerra propone prohibir las donaciones anónimas, fuente de corruptelas, así como las provinientes de empresas, y que sea sólo autorizada la donación de dinero por personas físicas y en un máximo de 30.000 euros anuales. El PSOE sugiere elevar ese límite a 150.000. A partir de ahora, los recursos vendrían fundamentalmente de una mayor subvención del Estado, lo cual debería favorecer un reparto más justo y sería una buena munición para convencer a los grupos nacionalistas, los más reacios a suprimir las donaciones anónimas, a cambiar la ley vigente.

Resulta esperanzador que tanto Convergència i Unió y PNV, los más beneficiados por la ley actual junto al PP, no se hayan opuesto a debatir en la Cámara la propuesta. El PNV es el partido que proporcionalmente ha recibido más donativos anónimos en los últimos 13 años -22 millones de euros, el 25% del total-, según datos del Tribunal de Cuentas. "Si se conociera la identidad de los empresarios, promotores inmobiliarios y constructores que dan regularmente dinero al PNV y los favores que han recibido a cambio del Gobierno vasco, el escándalo sería monumental", confesaba a este diario un industrial vizcaíno el pasado abril.

Es harto difícil desmontar la tesis de que la ley vigente incentiva la financiación ilegal y mancha el ejercicio de la política. Las prácticas existentes en España sobre donaciones anónimas están desautorizadas en buena parte de los países de nuestro entorno. El Tribunal de Cuentas viene denunciando año tras año la opacidad de una ley que sirve más para alentar la colusión entre política y negocios que para posibilitar la existencia de los partidos a través de la subvención pública. Lo ideal sería que la nueva surgiera con el consenso de todas las formaciones parlamentarias.