Más de un millar de 'sin papeles' saturan el centro de acogida
El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla tiene 480 plazas, a las que hay que sumar las habilitadas en dos enormes tiendas de campaña que incluso cuentan con habitaciones y literas. Hasta antes de los asaltos, ocupaban las instalaciones 750 extranjeros. La llegada de los cerca de 130 subsaharianos que lograron entrar ayer en la ciudad autónoma ha saturado su capacidad. Y los 200 aproximadamente que anoche les emularon no hará sino empeorar la situación del centro. Ante este agravamiento, anoche, camiones del Ejército trasladaron a una explanada adyacente al CETI tres tiendas de campaña con capacidad para 100 personas cada una, tal como había solicitado el delegado del Gobierno en Melilla, José Fernández Chacón.
También está previsto reforzar la seguridad en el perímetro fronterizo con Marruecos. En las próximas 24 horas varias unidades de los Grupos Rurales de Seguridad (GRS) de la Guardia Civil se incorporarán a las tareas de vigilancia. Fernández Chacón comentó que se está produciendo "un cambio en la forma que los emigrantes subsaharianos tratan de acceder a la ciudad y no a un incremento", ya que en el año 2004 se produjeron 55.000 intentos de saltar el doble perímetro, mientras que en lo que va de año se han producido unos 12.000, informa Efe.
Cuando logran salvar la doble valla, los inmigrantes corren hasta el centro de la ciudad para presentarse en la Jefatura Superior de Policía, o permanecen ocultos en espera de la ocasión propicia para hacerlo. Allí obtienen una orden de expulsión que en la práctica totalidad de los casos es imposible de cumplir, porque sus países se niegan a admitirlos, y que les sirve de documentación para seguir en España, si bien no pueden trabajar legalmente.
Bebidas y galletas
Desde las 6.30 de ayer -hora a la que terminó el primer asalto- pasaron por las dependencias policiales unos dos centenares de subsaharianos. Sentados o tumbados a la sombra, recibían latas de bebidas, galletas y magdalenas de compañeros que llevan semanas viviendo en el CETI, mientras esperaban a ser llamados por los tres policías y un intérprete encargados de documentarlos. "Cuando les llamamos dicen su nombre, dan una procedencia generalmente falsa, les hacemos una foto, redactamos la orden de expulsión y les entregamos un documento que les permite ingresar en el CETI", explica un funcionario. Muchos viven allí durante meses o incluso años. La mayoría, no obstante, son derivados a Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Península, conforme al plan de traslados aprobado por el Gobierno y las comunidades en abril. Cumplidos 40 días de su llegada a España, deben ser puestos en libertad, tal como establece la ley.
Mujeres, familias con niños o personas en situación de vulnerabilidad, son llevados a centros de acogida financiados por el Gobierno y gestionados por ONG. Desde el 1 de abril hasta ayer, 386 se trasladaron por esta vía.
