Francia vigilará por vídeo los lugares de culto e investigará los viajes a "países de riesgo"

El ministro del Interior francés, Nicolas Sarkozy, presentó ayer el anteproyecto de ley antiterrorista que el Ejecutivo tiene previsto aprobar en la Asamblea Nacional y que además de un endurecimiento de las penas para estos delitos contempla, entre otras cosas, el control de las comunicaciones telefónicas y por Internet; la generalización de la videovigilancia, especialmente en las zonas que la policía considera de especial interés como los alrededores de determinados comercios o de los lugares de culto, así como el control de los viajes a los llamados "países de riesgo".

El anuncio del ministro vino precedido, de madrugada, de una operación policial contra un grupo islamista radical, supuestamente ligado al argelino Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC), en los departamentos de Yvelines y Eure. Nueve personas fueron detenidas, entre ellas Safé Bourrada, que ya fue condenado por su participación en los atentados de 1995 en el metro de París, a quien la policía atribuye el liderazgo de esta célula, que estaría preparando un atentado inminente en la capital francesa.

El proyecto de nueva ley antiterrorista, que tiene su origen en el impacto que produjeron en Francia los atentados que sufrió la ciudad de Londres en julio y del que Sarkozy adelantó algunos aspectos ayer en el contexto de un programa de televisión sobre el auge del islamismo radical en ciertos barrios de la capital francesa, será presentado el próximo día 19 de octubre por el Gobierno de Dominique de Villepin. Antes de ser enviado a la Asamblea Nacional, sin embargo, será examinado a fondo por la Comisión Nacional de Informática y Libertades (CNIL), así como por el Consejo de Estado, la más alta autoridad administrativa francesa.

"Si se interviene demasiado pronto no se tienen pruebas judiciales de lo que preparan los terroristas, pero si se interviene demasiado tarde ya no hay nada que hacer", explicó Sarkozy para justificar la necesidad de incrementar la capacidad de control de las fuerzas policiales. Para el ministro del Interior, una de las lecciones más importantes que pueden sacarse de los atentados de Londres de este verano es la gran utilidad de los sistemas de videovigilancia. Por esta razón, Sarkozy pretende que la nueva ley autorice a instalarlos, no sólo en los locales cerrados, sino también en las calles.

La futura ley, explicó, obligará a los proveedores de servicios de telefonía e Internet a conservar todos los datos de las operaciones que efectúen sus clientes durante un cierto período de tiempo, una medida que la Comisión Europea pretende homogeneizar. Según Sarkozy, las redes islámicas utilizan los cibercafés como medio de comunicación.

La ley también aumentará las penas de cárcel para los organizadores de acciones terroristas, que pasarán de 20 a 30 años. Otro aspecto polémico es la norma que contempla que los naturalizados convictos de delitos terroristas perderían la nacionalidad francesa si la condena se produce antes de que hayan transcurrido 15 años desde su naturalización. Incluso antes de ser conocido, el proyecto ya ha sido objeto de las críticas de las organizaciones de defensa de los derechos humanos y de los partidos políticos de la izquierda. El Partido Comunista calificó la legislación de "liberticida".

Precediendo la comparecencia de Sarkozi, de madrugada, atendiendo una comisión rogatoria del juez antiterrorista Jean-Louis Bruguière, agentes de la Dirección de Vigilancia del Territorio (DST) apoyados por efectivos del cuerpo de elite RAID asaltaron varias viviendas en la los departamentos de Yvelines y Eure, en las cercanías de París y detuvieron a nueve personas sospechosas de haber formado una célula del Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC), de origen argelino, que supuestamente preparaba un atentado en Francia, aunque fuentes policiales indicaron que aún no podía hablarse de un proyecto "concreto" identificado.

El líder de esta célula sería, según la policía, un viejo conocido de la Justicia francesa, Safé Bourrada, antiguo miembro de Grupo Islámico Armado (GIA) argelino, muy activo en Francia durante la década de 1990 y que fue arrestado en noviembre de 1995, poco después de los atentados del Metro de París, acusado de haber reclutado a los autores, entre ellos al principal responsable, Rachid Ramda, encarcelado actualmente en Reino Unido y cuya extradición reclama desde hace tiempo Francia sin éxito.

Bourrada fue condenado a 10 años de prisión en 1998. Salió de la cárcel en febrero de 2003. Los servicios de información franceses le habían sometido desde entonces a una especial vigilancia que dio sus frutos, tras comprobar que estaba creando una célula terrorista compuesta por algunos de sus antiguos cómplices así como por nuevos militantes, ex delincuentes reclutados durante su estancia en la cárcel. La policía vigilaba desde hace días a siete de los detenidos ayer.

El sumario, que instruye desde hace tres meses el juez antiterrorista Bruguière, ya dio sus primeros frutos en julio cuando fueron procesadas tres personas acusadas de extorsión de fondos para financiar el terrorismo.