El PP también medió a favor de la empresa de la mujer de Fabra

Miguel Prim no sólo se interesó, en septiembre de 1999, cuando era senador del Partido Popular, ante el entonces ministro de Agricultura, Jesús Posada, por los productos fitosanitarios del empresario Vicente Vilar, al que asesoraba Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón. Prim también ejerció presión, dos años después, ya como diputado, para que el ministerio diera luz verde a productos de la empresa Artemis 2000, participada por la ex esposa de Vilar y por la esposa del propio Carlos Fabra.

La asiduidad con la que Prim, primero senador y después diputado del PP, reclamaba información o celeridad para las autorizaciones solicitadas para sus productos fitosanitarios por las empresas del llamado caso Fabra queda patente a través de varios escritos. Así lo demuestra la documentación que ha llegado al juzgado de Nules, donde se instruye la causa abierta al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, del PP, por la posible comisión de uno o varios delitos contra la Administración Pública, a la que se ha sumado el de un presunto delito fiscal.

Entre los escritos requeridos por el juzgado a los ministerios de Agricultura y de Sanidad se encuentra un tarjetón, con membrete del Congreso de los Diputados, enviado por el diputado popular en septiembre de 2001. Prim, que ya había escrito al ministerio en 1999, se dirige al "ministro" y en estas fechas ya no le pregunta por el grupo Naranjax, propiedad del empresario Vicente Vilar, que posteriormente denunció a Fabra, sino que indaga sobre las autorizaciones solicitadas por Artemis 2000, la empresa participada por la ex esposa de Vilar y por la esposa del propio Fabra.

"Mucho te agradecería me informaras de la situación actual de la solicitud de la empresa Artemis de Castellón, de varios registros de productos fitosanitarios que tiene solicitados desde hace más de un año", requiere Prim. Este escrito está supuestamente dirigido al entonces ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, quien dos meses antes ya había recibido una carta del mismo diputado que reclamaba información sobre "las dificultades experimentadas en la tramitación de solicitudes de autorización y registro de productos fitosanitarios". Prim aporta su número de teléfono móvil para que el ministro pueda localizarle más fácilmente y le mantenga informado.

Cañete contesta

Finalmente, Cañete contestó en noviembre y dio cuenta del momento de tramitación en que se encontraban.

El tarjetón desvela cómo Prim insistió en sus gestiones realizadas ante el Ministerio de Agricultura respecto a las empresas de Vilar y de la esposa de Fabra después de que el ministerio autorizase algunos de los productos reclamados. Este documento se une a los intercambiados por los responsables de la Administración central y el diputado del PP, entre los que se encuentra también el escrito en el que se prueba la presión que ejercía el cargo del PP a favor de estas empresas (ver EL PAÍS en su edición de ayer).

Precisamente, el conocimiento de las "exigencias" planteadas por Miguel Prim provocó ayer la reacción de los socialistas, que, en boca de la vicesecretaria general del PSPV-PSOE, Isabel Escudero, reclamó la dimisión inmediata del presidente de la Diputación de Castellón. "Ya no es una exigencia de la oposición, sino que la consideramos completamente necesaria, tanto para la salud de la política valenciana como para las instituciones públicas", señaló Escudero. Se "ha pasado de la presunción de la irregularidad a la confirmación irrefutable del tráfico de influencias, sin lugar a dudas, diseñada por el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, y mantenida por el PP y por sus dirigentes", concluyó.