Recurso de autoridad

Ha tenido que ser Rajoy -una "instrucción directa" del presidente del PP- quien avale la firme decisión de este partido de recurrir la ley sobre el matrimonio homosexual ante el Tribunal Constitucional. La autoridad de Rajoy ha sido, en último extremo, el argumento empleado para acallar las opiniones en contra, la más llamativa y cualificada, la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.

Que entre los dirigentes y militantes hay ópticas distintas sobre el tema lo demuestra no sólo la apelación a Rajoy, sino el carácter defensivo y eminentemente jurídico que se pretende dar al recurso. La cúpula del PP insiste en que no cuestiona los derechos de los homosexuales, sino una norma contraria a la Constitución. Pero resulta curioso, además de contradictorio, decir que se defienden sus derechos y recurrir la ley. Aguirre teme con razón que se interprete el recurso como "un ataque a los homosexuales".

La presidenta de Madrid, nada sospechosa de posiciones contrarias a la moral tradicional, mantiene que el matrimonio homosexual es una cuestión opinable sobre la que existen pareceres diversos en el PP, y que desde su responsabilidad debe defender "los derechos de todos, sea cuál sea su orientación sexual". En esa línea se han pronunciado el alcalde de Vitoria, Alfonso Alonso, y el responsable del grupo de gays y lesbianas del partido, que ha hecho públicos los trámites para casarse con su pareja. Estos juicios, unidos a otros surgidos tras la aprobación de la ley y del anunciado plante de algunos de sus cargos municipales a aplicarla, revelan que la realidad social respecto del amor homosexual está presente, como es lógico, en el partido de Rajoy. Aguirre parece haberlo comprendido, y de ahí su oposición al recurso, que juzga "no bueno para el PP".

Tras la decisión política, queda por conocer la base jurídica del recurso. El PP tendrá que aclarar si está sólo contra el nombre -que se denomine matrimonio a las bodas gays- o se opone de hecho a la plena equiparación legal de las parejas del mismo sexo con las heterosexuales. El Consejo de Estado no consideró inconstitucional esa equiparación, aunque recomendó, por razones históricas, sociológicas y de derecho comparado, una regulación civil diferenciada del matrimonio tradicional. Tampoco el Consejo del Poder Judicial, aunque contrario a la ley, se atrevió a tacharla de inconstitucional. Si el problema es de nombre, y no de contenidos, estaríamos ante una cuestión de legalidad, pero no de constitucionalidad. El legislador optó por llamar con el mismo nombre a dos realidades legalmente idénticas, lo cual puede ser discutible, pero no contrario a la Constitución.