CiU se enroca y mantiene enmiendas inconstitucionales al Estatuto

La financiación y la invocación a los derechos históricos para blindar las competencias de la Generalitat se perfilan como los dos elementos que mantendrán en vilo a los partidos respecto a la aprobación del nuevo Estatuto catalán. Ayer, al finalizar el periodo para la presentación de enmiendas al actual proyecto, Convergència i Unió dejó claro que rechazará un texto que no incluya su propuesta de financiación y la invocación de los derechos históricos forales para el blindaje de competencias. Ambos puntos contienen elementos inconstitucionales que el PSC ni siquiera está dispuesto a considerar en vistas a posibles negociaciones.

Por su parte, Esquerra Republicana mantiene su estrategia de desmarcarse de sus socios del tripartito y erigirse en mediador con CiU. Prueba de ello fue la aceptación de los republicanos a parte de la nueva propuesta de financiación de los convergentes, viraje que enerva a sus socios del tripartito. O, por ejemplo, al incluir los derechos históricos para asegurar la exclusividad competencial en ocho materias. Ayer, el líder de ERC, Josep Lluís Carod, lo expresaba gráficamente: "Si unos y otros tiran demasiado de la cuerda, la cuerda se puede romper. Y Esquerra tiene que impedir que esto ocurra por la irresponsabilidad de unos y otros".

Los partidos que apoyan al Gobierno catalán y CiU sólo pactan 29 de las 93 enmiendas

Convergència sostiene los derechos históricos en contra del dictamen del Consultivo

ERC se desmarca del tripartito y defiende aspectos del sistema de financiación convergente

Los cuatro partidos que impulsan la reforma en su recta final -todos menos el PP- presentaron 93 enmiendas en relación al dictamen del Consejo Consultivo, que consideraba inconstitucionales 19 puntos del actual proyecto estatutario. Pero del casi centenar, sólo 29 han sido consensuadas por el tripartito y CiU. Si a ello se suma las posiciones diametralmente distintas en materia de financiación, ayer nadie creía a salvo el proceso de reforma estatutaria a una semana de su prevista aprobación en el pleno parlamentario.

Sin embargo, desde Esquerra Republicana se afanaban ayer por quitar hierro a las desavenencias y opinaban que, en la última fase negociadora, sólo quedarán sobre la mesa dos escollos: la cuota de solidaridad interterritorial y la cesión de impuestos. Ambos afectan a las competencias sobre financiación y que han motivado las principales disputas en los últimos días por la aquiescencia de los republicanos a ciertos planteamientos de CiU.

Los nacionalistas de Artur Mas se han marcado el objetivo de introducir un sistema de financiación inspirado en el concierto económico vasco y blindar hasta ocho competencias, entre ellas la financiación, mediante los derechos históricos. Esquerra, por su parte, incorpora estos derechos en el título preliminar del Estatuto, que el Consultivo dictaminó constitucional si no se vinculaban a competencias. Pero los republicanos desoyen esta consideración al introducir un total de ocho materias, entre ellas la financiación, lo que en la práctica tiene el mismo efecto que la fórmula de CiU.

El PSC ha hecho bandera del respeto al informe de los juristas. De ahí que sus enmiendas reproduzcan buena parte de sus consideraciones. En este sentido los socialistas se limitan a hacer una apelación genérica a los derechos históricos, redactado que el portavoz socialista, Miquel Iceta, enmarcó en la voluntad de los socialistas catalanes de redactar un estatuto "rigurosamente constitucional".

Pero la que podría perfilarse como fórmula de consenso -Iceta la valoró porque "sortea hábilmente el dictamen del consultivo"- es la presentada por Iniciativa, que se limita a citar la apelación a los derechos históricos forales para otorgar un carácter "singular" a determinadas materias. Por ejemplo Derecho Civil, lengua o cultura.

Los ecosocialistas también reproducen en este artículo la disposición adicional del actual Estatuto de Aragón por el cual: "La aceptación del régimen de autonomía que se establece en este Estatuto no implica la renuncia del pueblo catalán a los derechos que como tal le pudieran corresponder en virtud de su historia".

La voluntad de no apearse de la Constitución sigue siendo el principal empeño de los socialistas, con el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall como principal valedor. El PSC interpreta en este sentido la proclama "viva la Constitución" que el presidente lanzó domingo durante la celebración de la fiesta de los socialistas catalanes. Maragall también quiere convencer a los barones del PSOE de que la reforma estatutaria no pretende imponer un modelo de Estado confederal, sino ser una pieza más del federalismo que propugna José Luis Rodríguez Zapatero.