Juego de espías entre familias

La matriculación de un niño en la escuela supone en ocasiones una verdadera lucha. En especial ocurre en los centros concertados que tienen gran demanda y una menor oferta de plazas. Es entonces cuando los padres entran en un conflicto, en ocasiones muy duro para inscribir a sus hijos en el centro que ellos desean.

Diego Laffón es un abogado sevillano con una amplia experiencia en este tipo de contenciosos. A lo largo de los años ha defendido tanto a familias demandantes como demandadas. Y en todos los casos, el hecho de aparecer niños pequeños en el problema de los ha convertido en historias dramáticas. "Lo peor es encontrar a un chaval que ha estado escolarizado en toda la etapa de Infantil en un centro -recuerdo que no está concertada-. Y cuando llega el momento de pasar a la Educación Primaria, el centro concertado no tiene plazas suficientes. Es entonces cuando, por el hecho que sea, el niño tiene que salir fuera. El desarraigo que ese cambio conlleva, para un niño tan pequeño, que todavía no entiende las razones, es tremendo", dice el abogado.

Fechas

Todo sigue un ritmo. Una calendario que marca el compás de unas historias que más o menos se repiten año a año, "casi siempre en colegios concertados", señala Laffón. Las fechas son claras: marzo, abril y septiembre. "En marzo, se procede a presentar las solicitudes de admisión a los centros que los padres escogen para sus hijos. Un mes después, en abril, tiene lugar la baremación. Se presentan las listas y se ve quién ha sido incluido y quién excluido. Y entre los no admitidos siempre se da la circunstancia de que un niños que ha estado en ese colegio desde Infantil se quede fuera", explica Laffón.

Eso fue lo que le ocurrió a la familia de Ángela Rodríguez. Ella y su marido, junto con otras dos familias, contrataron a un abogado, cuando sus hijos quedaron excluidos del colegio concertado Las Teresianas de Huelva.

"Las familias excluidas tienen poco tiempo, sólo hasta septiembre, para conseguir demostrar que algunos otros han cometido inexactitudes a la hora de presentar la documentación con la que han sido baremados", dice Laffón. Este cómputo que se presenta depende de distintas variables. Así, en función del número de hermanos, del domicilio familiar, del lugar de trabajo o de la renta (entre otros extremos), se otorgan unos determinados puntos.

Ángela Rodríguez tuvo que asistir a un sorteo porque había alumnos que tenían más puntos que sus hijos por diferentes razones que ampara la ley. Sus hijos quedaron excluidos de ese sorteo. Pero esas familias tuvieron conocimiento de que había padres que no vivían realmente donde acreditaban estar empadronados. Y empezaron a investigar este asunto.

"El caso más común es el de la irregularidad en el domicilio. Hay padres que aprovechando que se dedican a profesiones liberales, se empadronan en sus despachos, que quizás se encuentran más próximo al centro educativo de sus hijos, para hacer creer que viven allí", cuenta el abogado. "Yo he llegado a ver un bloque lleno de andamios, completamente en obras, donde había gente empadronada. O una vivienda de 80 metros cuadrados donde, según el padrón, vivían unas 14 personas".

"Resulta muy fácil empadronarse porque sólo se necesita la autorización del cabeza de familia de la vivienda en la que la familia dice que va a vivir, pero con ello se está perjudicando y vulnerando los derechos de otros niños que sí deberían tener acceso a la zona por su domicilio", dice Ángela Rodríguez. El abogado que contrataron Ángela Rodríguez y las otras dos familias de Huelva les explicó que la Consejería de Educación se acoge al empadronamiento expedido por el Ayuntamiento como un documento oficial y ante ese certificado resultaba difícil presentar pruebas. Las familias recurrieron en primer lugar los expedientes de empadronamiento de los padres que consideraban que falseaban los datos ante el Ayuntamiento y la delegación provincial de Educación.

En total fueron denunciados unos ocho padres. Además, estas familias decidieron la contratación de unos detectives para poder tener pruebas. "Esos detectives nos aportaron bastantes datos de niños mal empadronados o que por lo menos su residencia habitual no era la que constaba en el certificado de empadronamiento", señala Ángela Rodríguez.

Diego Laffón no es muy partidario de usar detectives para que espíen a otros padres. "tampoco lo soy de la otra técnica usada por algunas familias que consiste en levantar acta notarial de los hechos". Y es que según el abogado sevillano, la Junta rara vez da importancia a las pruebas aportadas de esta manera. "Desde la Administración las pruebas que más peso tienen son las aportadas por la policía".

Policía

En el caso de Ángeles Rodríguez, fue el mismo Ayuntamiento el que ordenó una investigación a la Policía Local para comprobar los hechos. Fue esta investigación la que corroboró finalmente el informe de los detectives, según indica Rodríguez, que presentó ambos informes ante Educación.

La Junta dio audiencia a los padres denunciados y les instó a que presentaran alegaciones. Ángela Rodríguez explica que sus hijos han entrado finalmente en el colegio solicitado después de "una dura lucha durante este pasado verano", pero precisa que ha sido "porque algunos padres denunciados, por propia voluntad, decidieron dar marcha atrás, no porque la Junta haya tomado cartas en el asunto".

En todo caso, para el abogado Laffón, este límite al que se tiene que llegar, en el que algunos padres son espiados por otros "demuestra el maniqueísmo a los que se ven arrastrados por las circunstancias". Unas circunstancias que para Laffón, en muchos casos podría resolverse simplemente ampliando la ratio de las clases.